Usuarios y funcionarios a la entrada de la Ciudad de la Justicia. EFE-Archivo
El juicio por estos hechos se ha iniciado hoy en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia y previsiblemente concluirá el 27 de febrero, según las estimaciones iniciales.
La Fiscalía, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso EFE, les considera responsables de 33 delitos de trata de seres humanos y 30 delitos contra los derechos de los trabajadores (tres de las víctimas no reclaman).
Por cada uno de los 33 delitos de trata de seres humanos se reclama una condena de 7 años de prisión (lo que suma 231 para cada procesado, 924 en total); y por cada uno de los 30 delitos contra los derechos contra los trabajadores una pena de dos años (60 para cada procesado, 240 en total).
Además, se reclama a cada acusado una multa de 2.400 euros por cada uno de los 30 delitos contra los derechos de los trabajadores, lo que asciende a un total de 72.000 euros por procesado, 288.000 en total.
En su escrito de acusación, la Fiscalía informa de que los cuatro procesados se encuentran en prisión desde octubre de 2016, y responsabiliza al hermano de uno de ellos (el padre) de haber colaborado con el supuesto entramado mafioso.
Los acusados, siempre según el Ministerio Público, constituyen una agrupación familiar sin una estructura jerarquizada, que se dedicaba a trasladar a España a personas de nacionalidad búlgara y escasos recursos económicos, principalmente de la región de Pleven, para trabajar en tareas agrícolas.
A su llegada a España les imponían unas condiciones de vida "infrahumanas", ya que se veían obligados a vivir "hacinados", en condiciones insalubres y "en condiciones laborales cercanas a la esclavitud", ya que se quedaban con la totalidad o una parte importante de lo que cobraban.
Los procesados reclamaban a estos trabajadores los supuestos gastos en los que habían incurrido por haber sido transportados desde Bulgaria, así como el coste del alquiler de la vivienda, el agua y la electricidad.
El horario de trabajo en el campo era de un mínimo de 12 horas diarias continuadas, sin ninguna jornada de descanso.
Para asegurar la presencia de los trabajadores en las labores del campo para las que eran contratados, los inculpados les retenían la documentación búlgara y española, entre la que se encontraban el NIE y el permiso de trabajo.
En algunas ocasiones, tres de los acusados ejercieron la violencia contra sus víctimas, especialmente contra aquellas que acudieron a reclamar lo que les correspondía por su trabajo.
Tanto los procesados como sus víctimas residieron en un edificio de Tavernes de la Valldigna (Valencia) entre enero y abril de 2016, y posteriormente se trasladaron a Cuéllar (Segovia), donde fueron detenidos.
Las primeras denuncias por estos hechos fueron presentadas ante los juzgados de Sueca (Valencia), si bien tres de las supuestas víctimas han comparecido en estos mismos juzgados para informar de que no reclaman nada.
Los cinco procesados acordaban quedarse con la mitad de lo que cobraban estos trabajadores en sus labores de recolección agrícola, aunque finalmente sólo pagaban cantidades testimoniales e incluso nada, según el relato de hechos de la Fiscalía.
Además, cobraron al menos 69.500 euros (mas otras cantidades "en negro") de varias empresas de Pego (Alicante), Murcia, Guadassuar (Valencia), Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila por las contrataciones de los trabajadores que estaban bajo su custodia.
