Guardia Civil durante la operación - Guardia Civil de Valencia
El aumento del consumo de lo que viene en llamarse picadura de tabaco ilegal, que se viene detectando desde hace unos años, más el confinamiento y las restricciones de movilidad durante el Estado de Alarma desde el inicio de la pandemia por Cóvid-19, han sido los principales motivos para que muchos de los consumidores habituales empezaran a realizar sus pedidos por la web, siendo múltiples las ofertas de comercio ilegal de este producto que se publican a través de dicho medio. Porque la situación producida por la pandemia ha creado, efectivamente, nuevos escenarios en las conductas y comportamientos de las personas, que han influido también en el factor criminológico, y en este caso, en el comercio ilícito de tabaco, realizado, tanto por grupos organizados como por el llamado perfil de subsistencia u oportunista.
Ya, en el mes de marzo de 2020, el gremio de estanqueros de la provincia de València dio la voz de alarma por la bajada espectacular de las ventas legales de picadura de tabaco para liar, lo que motivó la apertura de una Operación conjunta entre el Servicio Fiscal de la Comandancia de Guardia Civil y del Área Regional de Vigilancia Aduanera, de València, con la colaboración del citado gremio.
En el transcurso de las investigaciones se llegó a la conclusión de que los canales más importantes para la distribución del producto eran precisamente los servicios de envío de paquetería. Para ello, los responsables de esta actividad ilícita utilizaban canales de comunicación en la web, y en algunos casos páginas incluso no autorizadas para ofrecer su venta, desconociendo los potenciales clientes, en muchos casos, el carácter ilícito de sus compras.
Fruto pues de las investigaciones a lo largo del pasado año 2020, se realizaron asimismo numerosos controles e inspecciones de paquetería, detectándose multitud de envíos de picadura de tabaco, o al menos ese era el producto que se publicitaba. Una práctica que vulneraba sin duda alguna de las normas sanitarias; también, las reguladoras del mercado de tabacos, y así mismo las normas tributarias establecidas para el pago de los impuestos, tanto del IVA como del Impuesto Especial al que están sometidas las labores del tabaco.
Como resultado de estas actuaciones se aprehendieron un total de 4.200 kilos de este producto en un año, impidiéndose por tanto su distribución ilegal a los consumidores finales. Tal volumen de género incautado ha supuesto la formulación de un total de 648 denuncias por infracción administrativa de contrabando a los destinatarios de la paquetería, precisamente, por esta compra ilícita.
También, como parte de esta Operación de largo recorrido, tuvo lugar otra, la denominada AMARECO, que culminaba en marzo del pasado año con la desarticulación de una organización criminal que enviaba este tipo de labores, que hacían pasar por picadura de tabaco legal a bajo precio, a todo el territorio nacional, y cuyo resultado se saldaba con la detención de 4 personas más otras 2 investigadas, en Córdoba y en Sevilla, siendo denunciadas en sede judicial por los delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capitales. Sólo en aquella Operación se incautaba una tonelada y media de este tipo tan peculiar de picadura, acreditándose asimismo la comercialización ilegal de casi 12 toneladas más, con un impacto económico por la defraudación de impuestos de más de dos millones de euros por el mero hecho de que se habían desplazado de los canales legales de fabricación, distribución y consumo casi 14 toneladas de picadura de tabaco para liar.
El comercio ilícito de las labores de tabaco es un fenómeno que tiene lugar en cualquier otra parte del mundo. Son muchos los países afectados por esta actividad ilegal, que genera cuantiosos beneficios al ser un "negocio" muy lucrativo y con mucho menor riesgo que otros tipos de tráficos al margen de la ley. Estos delincuentes han llegado a crear verdaderas organizaciones criminales, con redes de elaboración y distribución y con gran capacidad asimismo para gestionar y ocultar los cuantiosos beneficios. Y es que además del perjuicio causado a la Hacienda Pública por la disminución de ingresos a través de los impuestos, el comercio ilícito de tabaco trae consigo un riesgo sanitario añadido al carecer los productos distribuidos ilegalmente de controles de calidad adecuados, generando, asimismo, una competencia desleal muy grave en perjuicio de los operadores económicos legales. Y por supuesto, este flujo incontrolado de producto supone a su vez una estafa al propio consumidor porque está comprando un género que sustituye a la picadura para liar, la legal, cuando, en realidad, no lo es en sentido estricto (lo que compra se denomina strip de hoja de tabaco, un producto bastante inferior a la picadura), sin embargo, la está pagando como tal, con un precio inferior al de mercando, eso sí, pero superior sin duda al producto que recibe y consume, es decir, el gran perdedor de esta actividad ilegal es el consumidor porque está consumiendo un producto muy deficiente en términos sanitarios y de calidad del producto, con el riesgo añadido de la multa que soporta, mínimo 2.000€ por pequeña que sea la cantidad que haya comprado.
Además, también es importante que el consumidor sepa lo que ya sabe de antemano el contrabandista, el que se lo vende, y es que, según la normativa reguladora del mercado de tabacos, se mantiene en régimen de monopolio la venta minorista del que es titular el Estado, ejercido a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre, estando prohibida la tenencia, posesión, circulación y venta sin cumplir los requisitos establecidos legalmente. Asimismo, la normativa sanitaria prohíbe la venta minorista de tabaco procesado on-line (cigarrillos, picadura o cualquier otra labor del tabaco), siendo ilícita dicha actividad en España.
Cabe incidir por último en el modus operandi de la venta ilegal de labores de tabaco, donde destaca el auge que ha experimentado la digitalización en las formas de actuar de los delincuentes, que tienen su reflejo en las formas de distribución, como son las entregas a domicilio o las ventas por Internet, en las que se evita el contacto directo con los consumidores y los controles policiales. Por eso mismo, la menor dependencia del dinero en efectivo, la gran oferta, habitual, en plataformas de compraventa on-line, o la simulación de entrega de productos de primera necesidad como tapadera, constituyen nuevas prácticas que facilitan la continuidad del comercio ilícito de tabaco desde que comenzó la crisis sanitaria.
En cualquier caso, la Operación sigue abierta en aras de impedir un fraude fiscal tan importante, el perjuicio económico que sufren todos los operadores legales relacionados con el comercio legal de las labores de tabaco, los graves efectos y el riesgo sobre la salud de los consumidores y, desde luego, el enriquecimiento indebido de las personas que se están lucrando ilegalmente con esta actividad.
Para más información pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono 690.946.837
