La judicialización de la política la pagan todos los ciudadanos: La Diputación de Valencia aprueba por unanimidad destinar 1,3 millones a pagar los gastos del caso Alquería

La judicialización de la política la pagan todos los ciudadanos. La Diputación de València ha aprobado por unanimidad destinar 1,3 millones a pagar los gastos del caso Alquería en el pleno ordinario de julio celebrado esta mañana. Se trata de prever un gasto de aproximadamente 90.000 euros de media por la defensa de cada uno de los 14 encausados, 12 de Divalterra y 2 de la Diputación. Son, por tanto, las minutas de los abogados durante los 5 años que se ha prolongado el proceso, el cual arrancó en junio de 2018 y cuya sentencia firme llegó en enero de este año, aunque hace ya más de un año que los procesados resultaron absueltos. Una guerra política que acabó arrastrando especial e injustamente a quien fuera presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, hoy alcalde de Ontinyent (La Vall d'Albaida), Jorge Rodríguez. El PSOE, partido al que pertenecía, expulsó a Rodríguez en aquel momento, llevando a éste y al resto de imputados a un calvario judicial que terminó recientemente.

Lo que hace la Diputación con este trámite es consignar el dinero, pero la liquidación está pendiente del informe del Consell Jurídic Consultiu, que la propia corporación provincial ha solicitado. Así, ya se tiene el dinero dispuesto para que cuando se dé el informe favorable, como es previsible, se pueda pagar a los letrados. De este modo, la Diputación cumplirá con elartículo 75.4 de la ley de Bases de Régimen Local, que establece que "los miembros de las corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo".