La ex-concejal MarÃa Oliover. EPDALos hechos referidos hacen mención a un Convenio con la Universidad de València aprobado en 2017 para el estudio del Sistema Educativo en su conjunto. La entonces Concejal Delegada de Educación, MarÃa Oliver, tuvo que acudir a declarar como investigada al Juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación y pagos de este convenio con la Universitat de València.
El Interventor General del Ayuntamiento de Valencia emitió un informe sobre los posibles gastos no subvencionables de un listado de gastos sufragados con fondos municipales remitidos por la Universitat de València. Se concluyó que existen gastos no subvencionables en el listado remitido por el Juzgado y que corresponden con los gastos reales efectuados por el equipo investigador de la Universitat de València a cargo del profesor D. José Manuel RodrÃguez Victoriano, que también se encuentra investigado judicialmente en dicho Juzgado de Instrucción. De este informe completo se ha denegado copia a los miembros de la Corporación, siempre según los interesados.
Los grupos de la oposición entienden que las actuaciones que se siguen en dicho juzgado tienen una relación directa con la actividad administrativa municipal desplegada en los procedimientos de contratación que son objeto de investigación, por lo que, singularmente, podrÃan derivarse perjuicios patrimoniales para el consistorio. Por ello también preguntan a la AsesorÃa si el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia debe iniciar un expediente de reintegro sobre los importes satisfechos en virtud del convenio, toda vez que la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha emitido un informe en el que se concluye, según la información publicada en prensa, que se han desviado fondos del convenio hacia otros fines no subvencionables.
Según los tres grupos de la oposición,"resulta indudable que en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ya existe un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento de Valencia cuantificado por la Intervención General Municipal en su informe de 29 de julio de 2019, por lo que interesa la emisión del informe jurÃdico solicitado al efecto de ejercitar todas las acciones civiles y penales que correspondan para depurar responsabilidades y lograr la restitución de los fondos públicos que se hayan podido desviar a otros fines, asà como poder constatar en sede judicial si los documentos justificativos presentados por la Universitat de Valencia al Servicio de Educación (y que han sido validados por dicho Servicio) son distintos de los gastos reales declarados por la Universitat ante el Juzgado de Instrucción".
