Una imagen de un pleno de Canet reciente. EPDAEn relación con las manifestaciones públicas del Alcalde de Canet d'en Berenguer, esta Plataformade Afectados por las Presuntas Acciones IlÃcitas de José Antonio Sancho Sempere, responde con firmeza ante una narrativa sesgada que busca manipular a la opinión pública y blindarse polÃticamente frente a decisiones administrativas y judiciales de enorme gravedad para el municipio.
Hablamos de un alcalde que, pese a cobrar más de 51.500 euros brutos anuales como máximo responsable del Ayuntamiento, pretende presentarse como vÃctima mientras minimiza el impacto de sentencias que condicionan el futuro económico del pueblo durante décadas.
Las declaraciones del Alcalde no son una mera "opinión personal": se han difundido mediante documentos oficiales y canales institucionales, utilizando la estructura del Ayuntamiento como altavoz de su defensa polÃtica y de sus ataques personales.
Esta actuación degrada el principio de neutralidad de la Administración Pública del artÃculo 103 de la Constitución y convierte el Ayuntamiento en una herramienta de propaganda al servicio del alcalde y de su coalición de gobierno.
No es aceptable que quien ostenta la máxima representación municipal emplee recursos públicos para desacreditar a ciudadanos organizados, emitir juicios de valor sin respaldo judicial y tapar, con titulares triunfalistas y medias verdades, responsabilidades administrativas y efectos económicos ya acreditados o sentenciados.
El Alcalde sostiene que el impacto económico se limita a determinadas costas judiciales, reduciendo el debate a una cuestión contable menor.
Omite que existe una sentencia que cuestiona de raÃz el modelo de gestión del agua potable y obliga a revisar el contrato con Egevasa de 2004, con repercusiones potenciales de varios millones para el Ayuntamiento, y que el Tribunal Supremo ha cerrado la vÃa de recurso contra la anulación de dicho acuerdo, dejando al municipio en una posición de extrema vulnerabilidad jurÃdica.
La ejecución de la sentencia y la liquidación de relaciones con Egevasa pueden generar impactos económicos futuros que el Alcalde intenta minimizar, mientras se ocultan la mala praxis administrativa sostenida durante años, la falta de diligencia polÃtica al negar la revisión de oficio y el coste en inseguridad jurÃdica, posibles responsabilidades patrimoniales y pérdida de confianza ciudadana.
El Alcalde presenta como "gran éxito" la reducción de una reclamación económica, como si rebajar una factura millonaria derivada de una gestión cuestionable fuese un mérito y no la constatación de errores previos.
Reducir una indemnización no borra la responsabilidad sobre los hechos que la originaron ni convierte en buena una actuación que ha acabado en conflicto; este caso evidencia deficiencias en licitación, planificación contractual y gestión de concesiones, que se repiten en forma de judicialización y negociaciones a la baja para limitar daños.
En el mejor de los casos, la reducción de la cuantÃa es un mal menor, nunca un argumento exculpatorio ni un triunfo polÃtico.
El Alcalde intenta presentar el pago de 2,2 millones de euros como un desenlace positivo, omitiendo que deriva de una adjudicación irregular de suelo público para un centro privado, declarada asà por los tribunales.
El conflicto nace de la cesión de cerca de 9.000 m² de suelo público en 2013 a un colegio privado en condiciones que vulneraron las bases del concurso, lo que dio lugar a una indemnización millonaria a favor de la empresa perjudicada tras una reclamación inicial de unos 23 millones, finalmente reducida mediante negociación.
Convertir este resultado en "buena gestión" supone distorsionar la realidad jurÃdica y normalizar que errores administrativos graves se salden con millones pagados por todos los vecinos, acompañados de pactos y cánones a largo plazo para maquillar el coste, sin explicar con transparencia qué se heredó, qué se ha hecho y qué se va a cambiar.
El Alcalde llega a calificar a la Plataforma de "fantasmagórica" y trata de vincularla con el ex secretario condenado José Antonio Sancho Sempere, recurriendo a insinuaciones personales en lugar de responder a los hechos documentados.
La Plataforma está compuesta por ciudadanos y profesionales identificables que ejercen derechos fundamentales de información, participación y control, sin necesidad de una personalidad jurÃdica formal, y los ataques ad hominem solo evidencian la debilidad de los argumentos del Alcalde y su incomodidad ante el escrutinio ciudadano.
Las declaraciones del Alcalde responden a una estrategia de evitar el debate de fondo sobre hechos acreditados en resoluciones judiciales y expedientes administrativos, minimizar el impacto económico real y potencial de las decisiones municipales y trasladar el conflicto al terreno personal para no asumir responsabilidad polÃtica.
Frente a ello, la Plataforma recuerda que sus afirmaciones se apoyan en resoluciones judiciales firmes o avanzadas, expedientes y acuerdos de pleno que comprometen recursos públicos presentes y futuros, y documentación verificable accesible para cualquier vecino.
La Plataforma reafirma la existencia de irregularidades administrativas reiteradas en la gestión del agua, la adjudicación de suelo público y las concesiones municipales, asà como de condenas y riesgos judiciales con impacto económico directo o potencialmente muy elevado para las arcas municipales.
Reclama transparencia real, rendición de cuentas y revisión profunda de los procedimientos de contratación y concesión, y rechaza las descalificaciones personales, las insidias sin respaldo judicial y el uso partidista de las instituciones como coraza personal del Alcalde.
Por todo lo anterior, se exige al Alcalde, Pere Joan Antoni Chordá:
Las declaraciones del Alcalde no desmienten los hechos denunciados y refuerzan la impresión de una estrategia de distracción, blanqueo de decisiones erróneas y utilización del aparato municipal como escudo polÃtico personal.
La Plataforma continuará defendiendo, por vÃas legales y democráticas, el derecho de la ciudadanÃa de Canet d'en Berenguer a conocer la verdad completa sobre la gestión del Ayuntamiento, a exigir responsabilidades y a poner fin a un modelo de gobernanza que normaliza las irregularidades como si fueran el precio inevitable de hacer polÃtica.
