La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la TesorerÃa General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.
Los agentes han constatado que los responsables de los ilÃcitos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros. Estos últimos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
Los policÃas han realizado informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas, logrando aflorar bienes que habÃan tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.
Diversas formas de defraudación
Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponÃan en práctica diversas conductas. Creaban sucesivamente sociedades mercantiles a las que transferÃan la actividad que venÃa desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga. También se ha detectado la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización, la ocultación a los organismos competentes de la Administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos –robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.
De todos los expedientes revisados destacan dos por el "modus operandi" realizado para cometer el presunto fraude. Los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador habÃa dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social. Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por "un euro" a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar. Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponÃan al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios.
El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando asà cualquier acción ejecutiva. Además utilizaba diversos ardides jurÃdicos para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa habÃa conseguido defraudar más de 750.000 euros.
En el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sà realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros. Para cometer su actividad delictiva llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para distraer de este modo la acción de la Administración.
