Las empresas VTC se quedan sin sitio en València por la normativa

El pasado 1 de junio entraba en vigor un nuevo decreto que regula el sector de las empresas, como Uber y Cabify, que se dedican a establecer contactos entre usuarios y vehículos con conductor (VTC). La norma exige, a nivel autonómico, la obligatoriedad de esperar 15 minutos para contratar una VTC, a la que cada ayuntamiento puede aumentar a 45 minutos, como es el caso que quiere poner en marcha València.
Las reacciones de las dos grandes han sido distintas. En el caso de Uber anunciaron que dejaba de operar en ese mismo sábado.

Para Uber, esa obligatoriedad de esperar 15 minutos para contratar una VTC es una restricción incompatible con la inmediatez de su servicio, mientras que otras plataformas similares, como Cabify, seguirán operando con normalidad tras adaptar su modelo de negocio a la nueva legalidad.

Cabify se basa en que su filial en Valencia y Alicante, Miurchi Car, es una empresa de transporte, por lo que, cuando el usuario acepta los nuevos términos y condiciones por el cambio legal, sólo tiene que esperar 15 minutos en esa contratación, ya que el resto de solicitudes de vehículo son prórrogas del contrato original y la llegada del vehículo no tiene que demorarse.

COMO EN CATALUÑA

En realidad es lo que hicieron en Cataluña donde se aplicó la legislación que, luego la Conselleria de Transporte valenciana copió, casi casi, al pie de la letra.

En el caso de abrirse los más que seguros expedientes, la sanción se tipificaría como grave o muy grave pudiendo ser multada la empresa con hasta 6.000 euros, según establece la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres. En Cataluña ya se han abierto cerca de 30 pr ese motivo.
Por su parte, la asociación de profesionales del alquiler de vehículos con conductor, Unauto VTC, lamentaba la pérdida de empleo y el perjuicio al ciudadano que a su juicio supone la entrada en vigor del mencionado decreto.

Para Unauto VTC, "esta normativa pone en alto riesgo muchos de los trabajos directos que crea el sector, sin contar con los que ya se han perdido por estas restricciones", y advierte de que la Comunitat se enfrenta a unos "costes de expropiación de al menos 166 millones de euros".

Para Cabify, "los usuarios tan solo tendrán que aceptar unos nuevos términos y condiciones por los que contratarán un nuevo servicio de transporte a través de la aplicación y, transcurridos los primeros 15 minutos desde esa aceptación, podrán solicitar su siguiente trayecto", informaba en un comunicado.

La empresa asegura que con su decisión "reafirma su compromiso con la ciudadanía, el empleo y los 300.000 usuarios que tiene registrados en la Comunitat Valenciana.

Cabify considera que las condiciones impuestas por la Generalitat, que entran en vigor el 1 de junio, "en nada benefician ni a la ciudadanía ni a los usuarios" y recuerda que ha presentado una denuncia por su supuesta inconstitucionalidad.

Por su parte, el responsable de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, como siempre ha dicho desde que estalló el conflicto y posteriormente se pusieron a regularlo desde el Consell, desconfían del anuncio de Uber sobre su cese de actividad en la capital valenciana y cree que esta firma seguirá operando.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, manifestaba tras ese anuncio, que Uber no es un servicio público y que, por tanto, no está "nada preocupado" por la decisión de la compañía de dejar de operar en la ciudad. "Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas", señaló Ribó.

Unauto contestó inmediatamente a Joan Ribó, y le acusó de falta de preocupación por "cientos de trabajadores" que se verán afectados por la marcha de Uber, a la vez que defendía que las VTC también prestan un servicio al público.

En un comunicado aseguraban que "El taxi no es ningún servicio público sino que, como los vehículos de alquiler con conductor, se trata de un servicio al público, por lo que las VTC tienen el mismo derecho a ofrecer servicios de movilidad que los taxistas". Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector.