Les Corts Valencianes han recuperado la protección al denunciante de malas prácticas administrativas que habÃa limitado el proyecto de ley de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración remitido por el Consell.
La comisión parlamentaria de Justicia, Gobernación y Administración Local ha aprobado, a propuesta de Podem, que cuando haya una denuncia o alerta de un funcionario o empleado público se deberá aplicar el régimen de protección establecido en la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la corrupción o, en su caso, un régimen más favorable.
Además, se establecerá "un canal seguro y accesible" que permitirá la formulación de las denuncias o alertas de irregularidades y que "garantizará la confidencialidad y la protección de quienes lo utilicen".
El proyecto del Consell establecÃa la posibilidad de dar a conocer la identidad de la persona denunciante cuando fuera "absolutamente imprescindible" para que el denunciado pudiera ejercer su derecho de defensa en un procedimiento, y remitÃa la protección del personal público a otras normativas, algo que ahora han corregido Les Corts.
Entre los cambios introducidos en la ley, destaca también la supresión del régimen sancionador de esta norma, de manera que se regirá por lo previsto por la Agencia Antifraude, mucho más severa, ya que se pasa de los 30.000 euros que preveÃa la ley por infracciones muy graves a los 400.000 euros que establece la Agencia.
Además de esta enmienda, Podem ha logrado introducir que en caso de detectarse cualquier posible fraude o corrupción, la inspección general de servicios deberá inhibirse en favor de la Agencia Antifraude.
La ley garantiza ahora, además, la paridad, y obliga a remitir a Les Corts Valencianes un informe anual de evaluación y que éste se publique en el portal de transparencia de la Generalitat.
El PSPV, CompromÃs y Podem se han felicitado por las mejoras introducidas en una ley que, a su juicio, contribuirá a evitar que vuelvan a repetirse casos de corrupción como los ocurridos durante los gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana.
Los populares, por su parte, han considerado la norma es "innecesaria" puesto que existe "una ensalada de organismos" destinados lo mismo que provocará un "solapamiento" de competencias, algo en lo que ha coincidido Ciudadanos, que cree que para luchar contra la corrupción hace falta "voluntad polÃtica" y recursos.
El popular Luis SantamarÃa ha mostrado su preocupación porque, a su juicio, la ley quita funciones a la inspección general y enfoca su labor "única y exclusivamente" en la lucha y prevención de las malas prácticas administrativas.
Para SantamarÃa, existe una "pluralidad de organismos" dedicados a la lucha y prevención de la corrupción, con lo que se corre el "riesgo de terminar en una hipertrofia", y ha denunciado que alguno ellos, como la Agencia Antifraude, "no está funcionado de manera adecuada".
La socialista Clara Tirado ha reconocido que existen "muchos instrumentos" para luchar y evitar la corrupción, pero lejos de verlo como un problema ha considerado que eso genera un "efecto multiplicador" y solo habrá que "estar vigilantes" para que sean "eficaces y eficientes".
Para Tirado, esta norma servirá para que "nunca más tengamos que lamentarnos de hechos bochornosos y vergonzantes como los casos de corrupción que han inundado la Comunitat Valenciana durante demasiado tiempo con los gobiernos del PP".
Juan Ponce (CompromÃs) ha negado que vayan a existir duplicidades, ha asegurado que se reforzará la capacidad de la inspección y ha defendido que el sistema de alertas funcionará y evitará casos de corrupción que los que "han llevado a la ruina" a la Comunitat.
Fabiola Meco (Podem) ha agradecido que se hayan aceptado la práctica totalidad de las enmiendas de su grupo, y ha dado la bienvenida a nuevos órganos para prevenir la corrupción, pues el objetivo, ha dicho, es "blindar las instituciones valencianas a las malas prácticas que tanto han sufrido en el pasado".
Por parte de Ciudadanos, Antonio Subiela ha valorado cualquier ayuda que pueda combatir la corrupción, pero ha considerado que esta nueva medida del Consell es "un titular muy bonito" pero sin contenido.
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Recuperan la protección del denunciante de malas prácticas administrativas.
El pleno de Les Corts. EFE-Archivo
