Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo EFE-J.M.GARCÍA- Archivo
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia tiene previsto juzgar este viernes a un hombre con antecedentes por atentado a la autoridad que el pasado mes de enero insultó al dueño de un bar de la ciudad con expresiones como "negro de mierda" y que llamó "maricones" y se resistió a los policías.
Los hechos sucedieron el 16 de enero, cuando el procesado entró a comprar tabaco en un bar de València y pensó que le faltaba un euro del cambio; cuando el dueño del bar le explicó que no se lo iba a dar se dirigió a él de forma despectiva con expresiones como "iros a la selva" o "estos negros no me roban".
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Susana Gisbert indica que fue el propio procesado quien avisó a la policía, y que ante ellos se refirió al camarero con expresiones como "no saben estos negros que yo sí soy español".
Los agentes trataron de sacarlo del bar, pero el acusado se oponía, y una vez en el exterior del establecimiento uno de los policías se percató de que el euro estaba en el suelo, frente a la máquina expendedora de tabaco.
El policía lo recogió y se lo dio al procesado, pero éste pretendió volver a entrar al grito de "maricones, si no os quitáis os reviento" o "los voy a matar", para posteriormente lanzarles la moneda de euro.
Cuando el procesado abandonó la zona los agentes también se marcharon, pero el primero volvió y desde el exterior le hizo gestos de cortarle el cuello al camarero, que avisó de nuevo a la Policía.
Los agentes, los mismos que habían actuado, vieron al procesado en la acera de enfrente con un palo metálico y en un momento de descuido lograron reducirle, no sin resistencia.
El Ministerio Público considera que estos hechos son susceptibles de un delito de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y otro leve de amenazas.
Por ello, reclama una condena de un año y dos meses de prisión, una multa de 5.700 euros y el abono de las costas procesales.
