La Asociación por una Hostelería Responsable de Honduras- Blasco Ibáñez, junto con la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia, ha trasladado a la concejala del PP, Paula Llobet, su preocupación por las "drásticas" consecuencias económicas y sociales que supone el recorte de terrazas en la zona.
Así se lo han comunicado en una visita de la edil esta mañana a la zona y primer contacto con el colectivo que se enmarca en la ronda de reuniones con los partidos políticos que la asociación pretende mantener para explicarle la situación de la crisis provocada en Honduras.
Durante el encuentro, los hosteleros han transmitido a la concejala que el plan de recorte de las terrazas impulsado por la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, "es un ataque dirigido a la hostelería, y en general a la oferta reglada de las pymes que desarrollan su actividad económica, mientras se mantiene la más absoluta impunidad sobre las actividades ilegales".
En este sentido, han insistido en que, como han denunciado en multitud de ocasiones, "poner el foco en perseguir la actividad reglada solo puede provocar el deterioro de la convivencia ciudadana con el incremento de los problemas con el botellón, los lateros, la venta ilegal de alcohol, las conductas incívicas o los conflictos en pisos de estudiantes que se detectan en el barrio cuando los locales están cerrados".
En relación con lo anterior, y asumiendo la necesidad de mantener un compromiso firme por las buenas prácticas profesionales para defender el barrio, su calidad de vida y los puestos de trabajo, los hosteleros han puesto de manifiesto al PP la necesidad de abordar un plan de medidas contra el ruido.
Asimismo, le han comunicado a la edil popular su voluntad de acometer la defensa jurídica del sector hasta donde haga falta, teniendo en cuenta la situación de indefensión jurídica provocada por la precipitación en la puesta en marcha de este plan especial para recortar las terrazas. Además, han confirmado que el próximo lunes se manifestarán el lunes 26 de septiembre ante la puerta del edificio de Tabacalera.
Por su parte, el Partido Popular ha transmitido al colectivo que su voluntad es aplicar una política que garantice la actividad empresarial con el derecho al descanso vecinal. "Lo que no se puede hacer es tomar medidas drásticas sin antes consensuarlo con todos los implicados, a golpe de imposiciones sin informes preceptivos, y sin activar el Observatorio del Ocio donde deberían consensuarse medidas contra el ruido entre hosteleros, vecinos y ayuntamiento"
En este sentido, ha vuelto a reclamar la aprobación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. "El gobierno de Compromís y PSPV tiene que aprobarla ya, lleva 5 años de retraso, y hay que poner foco en luchar contra el botellón".
