València, 8 may (EFE).- Los migrantes que vivían de la economía sumergida, empleadas del hogar, "manteros", vendedores ambulantes, aparcacoches y jornaleros han afrontado el confinamiento entre la desesperación por la falta de ingresos y la frustración por un futuro incierto, mientras las ONG advierten de que tras la crisis sanitaria llegará la social y exigen su regularización.

MALIKA, EMPLEADA DEL HOGAR

Malika Ouchitachen, de nacionalidad marroquí y 53 años, con estudios de Filología árabe y de secretaría de dirección de empresas, trabajaba en tres casas de València como empleada del hogar en el barrio de Orriols cuando se decretó el estado de alarma.

En una conversación con la Agencia EFE relata que tenía un contrato, que estipula el pago por horas trabajadas, pero las familias le han dejado de ingresar con el argumento de que no está ofreciéndoles ningún servicio.

Malika asegura que su situación es ya desesperada. Adeuda dos meses de alquiler de su pequeña vivienda, por la que paga 360 euros al mes, y sobrevive con la ayuda que le proporciona la organización Valencia Acoge, aunque la mayoría del dinero se va a pagar el agua y la luz, "que no perdonan el cobro".

Tampoco puede acceder a ninguna ayuda pública mientras las familias para las que trabaja no digan "por escrito" que han sido ellas los que le han "enviado a casa", y lamenta que el sistema les necesite para los cuidados y trabajos del hogar pero les quiera "invisibles".

MBAYE, ARTESANO SENEGALÉS

Mbaye Thioune, de 45 años y artesano, comparte un pequeño piso sin balcón con otros tres senegaleses en València. Ha trabajado como educador en un centro de menores y ahora se está sacando el título oficial en la Universitat de València.

Antes del confinamiento vivía de la venta ambulante de sus creaciones artesanas, cuadros hechos con arena, y ya había visto un local para alquilar donde tenía pensado organizar talleres y vender sus productos mientras continuaba con los estudios.

Ahora, sin ingresos posibles, vive de la ayuda de su comunidad senegalesa y este mes no ha podido hacer su aportación al alquiler del piso. Tampoco puede acceder a las clases que la universidad está dando por internet porque no puede recargar su teléfono móvil ni dispone de ordenador.

"Una profesora me envió las prácticas por correo ordinario, pero los exámenes son el 9 de mayo y no sé cómo los podré hacer", lamenta en una conversación telefónica con Efe.

Señala que una de las medidas que se podrían haber adoptado es la apertura gratuita de la señal de wifi, que habría permitido también poder mantener contacto con sus familias en sus países de origen, y lamenta que no se haya permitido acceder a los lugares de culto como mezquitas, un "refugio", asegura, en un momento tan difícil.

Mbaye y Malilka son solo dos testimonios de la situación que están afrontando miles de migrantes en España, muchos de ellos sin papeles. Valencia Acoge es una de las organizaciones que trabaja con este colectivo, y su ayuda se ha convertido en el sustento de muchas de estas familias residentes en la capital valenciana.

Carolyn Phippard, responsable de sensibilización de esta organización, señala que la situación de este colectivo siempre ha sido difícil pero el confinamiento les ha abocado en muchos casos a la desesperación y frustración, pues de repente se han quedado sin la posibilidad de ingresar dinero ni para ellos ni para enviar a sus familiares en sus países de origen.

UNA "CAJA DE EMERGENCIA"

Valencia Acoge ha creado una "caja de emergencia" con donaciones y aportaciones económicas de sus socios para cubrir al menos las necesidades básicas de las personas más vulnerables, a la espera de que los servicios sociales vuelvan a ponerse en marcha y tomen el relevo.

Estudian cada caso y determinan el dinero a ingresarles para las necesidades básicas, como alimentos, medicinas o para pagar el saldo del teléfono móvil. "Hay familias con niños que carecen de internet en casa y esto agrava la desigualdad", lamenta Phippard.

Agradece las muestras de solidaridad que han recibido pero denuncia que las entidades bancarias han seguido cobrando comisiones que reducen el importe de las ayudas transferidas (entre los 50 y los 200 euros según el caso) cerca de un 80 %. "La aportación de las personas migrantes en muchos campos sociales es fundamental y se ha visto con esta crisis", añade, en sectores como de los cuidados a mayores o el campo y "no se les puede abandonar ahora".

Entre las medidas más urgentes, Valencia Acoge pide la regularización de todos los migrantes que están pendientes de la autorización de residencia, como ha hecho Portugal, y que puedan tener así los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.

La crisis sanitaria, advierte Phippard, puede derivar en una social aún peor, en la que haya "ciudadanos de primera y de segunda", y pide que la solidaridad que ha surgido estos días sea también con uno de los colectivos más vulnerables y los "grandes olvidados" de la sociedad.