El ayuntamiento de Mislata ha anunciado que recurrirá la sentencia judicial que da la razón a la Sala Repvblicca y revierte el cierre de la misma decretado por el consistorio. El Ayuntamiento liderado por Carlos Fernández Bielsa se reafirma así en que su decisión de suspender la licencia de actividad de la sala de conciertos fue conforme a lo que se desprendía en los informes técnicos municipales. "Las decisiones adoptadas en relación con la Sala RepVblicca han respondido siempre exclusivamente a la obligación de garantizar que la actividad se desarrolla conforme a la licencia que tienen concedida desde el año 2004, con aforo de 429 personas, y a la legislación en materia de seguridad, acústica y usos urbanísticos" han señalado en una nota de prensa en la que recalcan que "el Ayuntamiento ha actuado de acuerdo con informes técnicos, nunca por criterios políticos".
En cualquier caso el Juzgado Número 5 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia ha dado la razón en todo a los abogados de la sala e incluso ha impuesto al Ayuntamiento de Mislata la obligación de pagar las costas con un límite máximo de 1.950 euros. Una decisión que, por otra parte, ha confundido a los ediles de Vox en el consistorio que ya hablaban de que el juez había impuesto una sanción económica a las arcas municipales. "Es falso que el Ayuntamiento tenga que pagar ninguna indemnización. En todo caso, el Ayuntamiento continuará actuando y velando por el interés general de la ciudadanía. Al contrario que el partido Vox, más preocupado de los intereses privados y empresariales que de los intereses de Mislata, especulando y generando bulos y desinformación" aseguran desde el equipo de gobierno.
Desde las filas de oposición ha sido el concejal y presidente del PP de Mislata, Fernando Gandía, quien ha emitido un comunicado público para posicionarse al lado de los gestores del negocio musical. "Bielsa usó el Ayuntamiento para una cruzada personal contra la Sala RepVblicca" asegura Gandía.
Para el líder popular la sentencia confirma que "el Ayuntamiento actuó sin respetar el procedimiento legal, omitiendo la audiencia previa, vulnerando garantías básicas de defensa y sin justificar un riesgo inminente que permitiera prescindir de dicho trámite, como exige la Ley 14/2010 de espectáculos públicos". "La sentencia señala además que la medida quedó automáticamente sin efecto al no ser convalidada por la Conselleria en el plazo legal, por lo que la posterior ejecución forzosa dictada carecía por completo de soporte jurídico", ha concretado.
Gandía va incluso más allá al calificar de "atropello político" toda la situación con la Sala RepVblicca.
