El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha lamentado hoy la «falta de transparencia y motivación real» en el cierre de la empresa pública Divalterra que han impuesto PSPV y Compromís.
Mompó ha denunciado hoy durante la Junta general de Divalterra que abordaba la disolución de la empresa que se produce «sin negociación y con varios asuntos bajo investigación». El portavoz y presidente provincial del PP de Valencia ha recordado a Gaspar que «ustedes con su mayoría van a disolver su buque insignia, el que cambiaron de nombre, y el que querían que fuera icono de la "nueva Diputación"».
«Y lo van hacer no porque exista una necesidad justificada, ni una motivación económica o de prestación del servicio. Sólo ustedes saben el porqué lo van hacer realmente. El resto de grupos sabemos cuándo y cómo han decidido la disolución», le ha indicado al presidente de la corporación, Toni Gaspar.
Aludiendo al momento elegido por PSPV y Compromís Mompó ha señalado que «tras un tremendo lío en el proceso de selección de la jefa de personal intentaron que el Consejo adoptara una decisión que no le competía, tratando de revocar la decisión del Tribunal de selección competente y que sólo un juez puede cambiar».
Presiones, sin éxito
«Como consecuencia de esta irregularidad dimitió medio Consejo de Administración porque no quería votar algo que está fuera de toda lógica», ha indicado Mompó, quien ha lamentado que «los consejeros huyeran por el brete en el que les pusieron».
El portavoz del Grupo Popular ha recordado que Gaspar «amagó con disolver Divalterra en los medios de comunicación pero luego reculó y se nombraron nuevos consejeros en un último intento de revocar la elección de la jefa de personal».
«Pese a la renovación, la situación era tan insostenible que no fueron capaces de sacar adelante la votación en el Consejo tras proponer cuatro acuerdos distintos y tumbarlos la mayoría del órgano rector uno tras otro», ha manifestado Mompó.
«Y ahí es cuando deciden acabar con Divalterra», ha denunciado el portavoz popular. «Y deciden disolver pese a que se trate de una empresa sujeta a diferentes investigaciones y con su jefe del servicio jurídico y prevención de riesgos penales, José Luis Vera, que primero fue detenido y luego puesto en libertad con cargos en el marco de una operación anticorrupción».
La Fiscalía decidió archivar la denuncia al respecto del nombramiento de la jefa de Recursos Humanos pero «dejó abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial, lo que estamos explorando». Mompó ha destacado que «seguiremos expectantes ante las investigaciones que hay en marcha, otras como Alquería que están a punto de juzgarse y otras que pueden venir».
«Esto que le acabo de relatar señor Gaspar son los hechos, a partir de ahí que cada uno extraiga las conclusiones que estime oportuno», ha apuntado.
Para Mompó ahora surgen tres grandes dudas. La primera es saber qué pasará con el señor Vera. «Es una vergüenza», ha indicado el portavoz y «esa continuidad en el cargo sólo obedece a la voluntad política de los grupos que gobiernan en la Diputación».
Y es que con el cese del Consejo de Administración «qué sentido tiene que un alto cargo que nombró el Consejo y que está en una compleja situación judicial continúe en su cargo. El único que se me ocurre es que pese a todos los líos de los que Vera es siempre protagonista, le están haciendo ustedes un puente de plata para que termine integrándose en la Diputación».
La segunda controversia es conocer «cuál ha sido el proceso para nombrar a los liquidadores y si tenía que ser necesariamente una empresa».
Mompó ha recordado que «nos hemos tenido que enterar al final del proceso cuando ya han realizado la adjudicación por una sustanciosa cantidad de 210.000 euros sin impuestos. «No pongo en duda la competencia de la empresa seleccionada pero sí la transparencia en el proceso, aunque teniendo en la empresa a quien tiene al frente de la transparencia, el señor Vera, permítame señor Gaspar que le diga que no me extraña».
En tercer lugar Vicente Mompó ha citado otra cuestión que puede verse afectada por el cierre precipitado de Divalterra. Así, se ha referido a que esta disolución llegue sin que se haya justificado los 40.000 euros que transfirió Divalterra a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la constitución de CICAL».
Mompó ha advertido que ni la Agencia Valenciana Antifraude, ni la comisión interna nombrada por el Consejo de Divalterra ni, finalmente, el auditor interno han visto suficientemente justificados los trabajos que originaron ese desembolso de 40.000 euros en base a lo que marca la Ley de Subvenciones.
