Multan con 800 euros a un hombre que denunció a una prostituta por cobrarle sin completar el servicio

El denunciante, denunciado. Así acabó un hombre hace unos días tras advertir a la Policía Local de Albal que, tras solicitar los servicios sexuales de una mujer prostituida y abonarle el importe de 30 euros, la mujer no completó sus necesidades. Los policías le informaron que el municipio donde había habia practicado sexo dispone de una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros. Así, Albal abre el primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública.

Albal ha sido pionera, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El asesinato de la joven Florina, desaparecida en el municipio el pasado año, provocó una reacción contundente de la localidad a la que se sumaron en cadena, los ayuntamientos afectados por este problema situados a los largo de V-31. El movimiento ha contado con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de la Generalitat Valenciana para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales.

No era la primera víctima, en 2004 otra joven aparecía muerta con un disparo en el pecho, justo en el mismo lugar donde se vio a Florina con vida por última vez. En aquella primera ocasión el consistorio cubrió los gastos de su sepultura y sus restos descansan en el cementerio municipal. A raíz de todo esto, el consistorio dio un paso más con la modificación de la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno incrementando las multas a los "puteros" hasta los 800 euros e incluyendo en el mismo saco a los proxenetas. La ordenanza municipal cifraba en 2012 las sanciones de este tipo en un máximo de 750 euros que afectaban tanto a los consumidores como a las meretrices, que ahora quedan exentas como víctimas de explotación.

Los cambios aprobados por la unanimidad del pleno también recogen la prohibición de divulgar publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual y lo castiga con multas de 350 euros, como por ejemplo la colocación en los parachoques o ventanas de los vehículos tarjetas de prostíbulos. Para el alcalde Ramón Marí "los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza la democracia y por este motivo tratamos de contribuir, desde Albal, en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones".

Albal también aprobó la adhesión a la red de municipios contra la trata de mujeres y niñas y elevó la invitación tanto a la Mancomunitat de l'Horta Sud, así como al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y "acabar con los puteros".