Ayuntamiento de Canet den Berenguer. - EPDAUn nuevo escándalo político sacude al municipio valenciano de Canet d'en Berenguer tras conocerse nuevos datos sobre la gestión del exalcalde Octavio Herranz López, que podrían presentar paralelismos con el caso que llevó al Tribunal Supremo a condenar por cohecho a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castelar.
Según la información conocida, Herranz validó facturas de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), propiedad de José Antonio Sancho Sempere, hasta junio de 2011, cuando ejercía como máxima autoridad municipal. Estas autorizaciones permitieron pagos con fondos públicos a la empresa vinculada a quien fuera secretario municipal.
De acuerdo con un informe policial, este favoritismo coincide con un pago de 12.500 euros de Sancho a Herranz, lo que genera indicios de cohecho y prevaricación dentro de las investigaciones en curso. El caso reproduce un esquema similar al que acabó con la condena por cohecho del Tribunal Supremo a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals y al propio Sancho Sempere.
Durante su etapa como alcalde, Herranz firmó un contrato de asesoramiento legal con la AVJ y convalidó sus facturas para su abono municipal, pese al posible conflicto de intereses derivado del doble papel de Sancho como secretario municipal y propietario oculto de la empresa.
Estas autorizaciones facilitaron flujos económicos a la AVJ por cientos de miles de euros en Canet entre 2000 y 2015, sin fiscalización efectiva, pese a la presencia de Carmen Sancho González, hija de Sancho Sempere, como jefa del departamento de contratación pública del Ayuntamiento de Canet.
El informe de la Guardia Civil vincula el pago de 12.500 euros con estas validaciones, sugiriendo que podría tratarse de retribuciones por adjudicaciones irregulares.
Herranz declaró en 2018 ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia como investigado en la pieza judicial de Canet dentro de la conocida como trama de las asesorías, logrando un sobreseimiento provisional en 2020. Sin embargo, los nuevos hechos conocidos ahora gracias al informe policial sobre pagos de Sancho a Herranz reavivan las investigaciones y abren la vía a nuevas denuncias contra los responsables del que se considera el mayor caso de corrupción en la administración local de la Comunidad Valenciana.
El patrón descrito guarda similitudes con el caso de la Pobla de Farnals, donde la exalcaldesa Natividad García Castelar fue condenada por el Tribunal Supremo junto a José Antonio Sancho Sempere por cohecho y prevaricación.
En aquel caso, García Castelar validó facturas de la AVJ para servicios legales municipales, recibiendo contraprestaciones que el alto tribunal tipificó como cohecho pasivo (artículo 419 del Código Penal) para la alcaldesa y cohecho activo (artículo 427) para Sancho, ratificando penas de prisión y multa tras denegar la suspensión de la condena en 2017.
Según las resoluciones judiciales, Sancho canalizaba fondos públicos hacia su empresa mediante contratos avalados por la alcaldesa, sin controles adecuados y en infracción de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las investigaciones apuntan a similitudes clave entre ambos episodios:
• Validación de facturas: en Canet hasta junio de 2011 por parte de Octavio Herranz y en Pobla de Farnals mediante firmas directas de la alcaldesa para servicios de la AVJ.
• Vínculo con Sancho Sempere: secretario municipal y presunto pagador de 12.500 euros en Canet; proveedor habitual y condenado por cohecho en el caso de Pobla de Farnals.
• Delitos imputados: prevaricación, cohecho y malversación en el caso de Canet; cohecho y prevaricación ya confirmados judicialmente en Pobla de Farnals.
• Situación judicial: sobreseimiento provisional en 2020 para Herranz, con hechos no prescritos; condena firme con prisión e inhabilitación para García Castelar.
• Daño económico: más de 800.000 euros estimados en Canet y reclamaciones por desvíos similares en el caso de la Pobla de Farnals.
La condena penal de García Castelar refuerza la hipótesis de que el modelo delictivo investigado en Canet podría responder a un esquema similar, con posibles delitos de negociaciones prohibidas (artículo 439 del Código Penal) y malversación (artículo 432), presuntamente facilitados por la intervención de Carmen Sancho González en el área de contratación pública municipal.
Actualmente José Antonio Sancho Sempere, su hija Carmen Sancho González y Amparo González Sanchos se enfrentan además a un proceso judicial impulsado por la junta de gobierno de la Academia Valenciana de Juristas, en el que se investigan delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales en un juzgado de instrucción de la ciudad de Valencia.
Este entramado, según diversas fuentes, evidenciaría fallos en los mecanismos de supervisión municipal en la Comunidad Valenciana, lo que ha reavivado las demandas de mayor transparencia y restricciones a la participación de familiares en procesos de contratación pública.
Desde la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere han denunciado públicamente los hechos.
Un portavoz de la organización ha manifestado que "desde la plataforma denunciamos con la mayor indignación estos nuevos hechos revelados sobre Octavio Herranz López, exalcalde de Canet d'en Berenguer, quien validó facturas de la Academia Valenciana de Juristas, propiedad de Sancho, autorizando pagos con fondos públicos pese al evidente conflicto de intereses y los indicios de cobro de dinero por ello".
El portavoz añade que "estos indicios de cohecho y prevaricación, alineados con el pago de 12.500 euros de Sancho a Herranz según el informe policial, reavivan la trama corrupta que saqueó cientos de miles de euros del Ayuntamiento y que venimos investigando desde hace tiempo".
Asimismo, denuncia la pasividad de la Corporación Municipal de Canet d'en Berenguer, a la que acusa de ignorar las investigaciones vigentes y permitir que queden impunes adjudicaciones irregulares facilitadas, entre otros funcionarios, por la hija de Sancho, Carmen Sancho González, como jefa de contratación pública.
La plataforma reclama una investigación inmediata e imparcial, con imputaciones contra todos los responsables, la devolución de los fondos presuntamente sustraídos y la aplicación de las penas correspondientes.
