El exportavoz socialista y exjefe de gabinete de Jorge RodrÃguez en la Diputación de Valencia, José Manuel Orengo, ha asegurado este lunes en su declaración como testigo en el caso AlquerÃa que "no compartÃa ciertas cosas" cuando dejó la corporación provincial en febrero de 2016.
A la salida del juzgado Orengo ha explicado a los periodistas que ha respondido a todas las preguntas que le han formulado, ha insistido en que ha "entrado y salido del juzgado como testigo" y que él "ya no" está en polÃtica, "sino en la empresa privada".
Preguntado por las contrataciones de supuestos "enchufados" en la empresa pública Divalterra, cuya legalidad se cuestiona en esta causa, Orengo ha afirmado que cree que "son de una época posterior" y que "el empastre vino más tarde", por lo que él sabe y ha "leÃdo; cuando aparecen informes de que eso no se puede hacer y la gente sigue erre que erre".
Según consta en la causa, los referidos contratos de alta dirección sobre los que ha puesto el foco la FiscalÃa Anticorrupción se efectuaron en noviembre de 2015.
"Yo creo que cada uno se tiene que responsabilizar de lo que ha hecho. Le deseo lo mejor de las suertes a todo el mundo, ya será la Justicia la que hable. Yo me fui en febrero de la Diputación, no compartÃa ciertas cosas. Me fui porque quise", ha afirmado Orengo.
Asimismo, ha insistido en que "hay que distinguir entre un acuerdo polÃtico de reparto de responsabilidades y áreas de lo que fueron las contrataciones que se efectuaron posteriormente".
En este mismo sentido se ha pronunciado la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés, que ha declarado tras Orengo también en calidad de testigo.
"Yo no creo que Jorge RodrÃguez me responsabilice de nada", ha asegurado al ser preguntada por su citación, efectuada por la defensa del expresidente de la Diputación.
"En las primeras negociaciones con CompromÃs no se habló del reparto de altos cargos en las empresas públicas, sino del diseño del Gobierno de la Diputación y de la conformación de más de 200 ayuntamientos. No tengo información para opinar sobre si las contrataciones se hicieron o no de forma correcta", ha concluido.
Además de Orengo y Andrés también han declarado el diputado de CompromÃs Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.
Fuentes judiciales conocedoras de las declaraciones consultadas por EFE han explicado que los testigos han mencionado al ex responsable jurÃdico de Divalterra José Luis Vera como el responsable de acreditar la legalidad de las contrataciones.
Aunque no se han realizado acusaciones formales hacia terceros, los testigos han coincidido en señalar que Vera era un técnico jurÃdico de su confianza y que estaban tranquilos con su labor.
El diputado Xavier Rius ha admitido que él mismo entregó un currÃculo para la contratación de uno de los supuestos "enchufados" porque asà se le pidió, y ha agregado que desconoce si esa contratación respondÃa o no a una polÃtica de cuotas.
Por otra parte, tanto Bort como Rius han negado haber sido testigos de ninguna escena de insultos, amenazas o presiones por parte del exjefe de gabinete de RodrÃguez, Ricard Gallego, para que se realizasen informes en uno u otro sentido, como aseguran los denunciantes del caso.
Además de los nueve supuestos "enchufados" -en siete puestos de dirección en Divalterra-, el juez investiga al expresidente de la Diputación Jorge RodrÃguez y a quienes han ocupado el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de CompromÃs), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
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