Las asociaciones
PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR
, en representación de los promotores de los festivales previstos en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias
(CACSA) de Valencia, han exigido este jueves una solución "seria, conjunta e inmediata" para evitar el impacto cultural, económico y turÃstico derivado del
posible cese de estas actividades en el recinto.
Tras conocerse el pasado 25 de marzo que un juzgado de Valencia dio la razón a vecinos del entorno de CACSA e instó al Ayuntamiento a adoptar medidas contra las molestias por ruido, incluyendo la revocación de autorizaciones o la reubicación de festivales, los promotores reclaman una reunión urgente con la alcaldesa
MarÃa José Catalá
, la
Generalitat
y
CACSA
para abordar de manera consensuada una solución, que a dos semanas de la sentencia, según denuncian, "sigue sin llegar".
Impacto económico y laboral
Los promotores alertan de que la falta de respuesta mantiene en incertidumbre a
más de 80.000 compradores de entradas y a 8.000 trabajadores
vinculados directa o indirectamente a los eventos. Según sus cálculos, están en juego
40 millones de euros de impacto directo en Valencia
, además de dos millones de euros de recaudación para CACSA y miles de empleos asociados a los festivales.
A su juicio, esta situación compromete la proyección de la marca
'Valencia Music City'
, el modelo de turismo musical promovido por la Generalitat y una parte relevante del ecosistema cultural que contribuye a la identidad y proyección internacional de la ciudad.
Festivales y normativa acústica
Las asociaciones aseguran que la
sentencia judicial y la comunicación del Ayuntamiento
no impiden por sà mismas la celebración de los festivales, sino que exigen su desarrollo
cumpliendo la normativa acústica. Hasta el momento, los promotores no han recibido
notificación formal de prohibición
por parte de CACSA y los eventos continúan programados para trasladar tranquilidad a los compradores de entradas.
Prolongar la incertidumbre afecta al sector
Los promotores destacan que, durante las últimas dos semanas, han seguido trabajando para avanzar en una
solución consensuada
, incluidos los dÃas festivos. Sin embargo, denuncian que la reunión prevista con el Ayuntamiento para el 7 de abril fue cancelada por problemas de agenda.
Ante esta situación, insisten en que todas las partes implicadas deben sentarse de manera inmediata para proteger el empleo, preservar la actividad económica, garantizar la dimensión cultural e industrial de los festivales y
evitar un deterioro mayor de la imagen
de Valencia como destino musical y cultural.
"Resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata", subrayan los promotores en su comunicado.