La catedrática de la Universidad Complutense de Madrid
Pese a la percepción pública, que llegó a situar la inmigración como el principal problema para los españoles en septiembre de 2024 (ahora ya en sexto lugar, según el CIS), los datos desmienten que los inmigrantes tengan un efecto negativo sobre el empleo o los salarios de los nativos. "No hay evidencia empírica que demuestre que los inmigrantes quiten trabajo a los nativos ni que afecten a sus salarios", subrayó Carrasco. Los prejuicios existentes solo se pueden explicar por la desinformación de los ciudadanos.
Carrasco compartió los datos del Banco de España que confirman que la población extranjera ha aportado entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024, situado en un 2,9 %
En el ámbito laboral, la brecha inicial en la tasa de empleo respecto a los nativos es del 15 % (4 % en mujeres), pero se reduce con el tiempo, especialmente entre los inmigrantes latinoamericanos. La calidad del empleo sí presenta retos persistentes ya que, aunque las tasas de empleo convergen, los inmigrantes siguen accediendo a puestos de menor calidad. La situación es más desfavorable para los procedentes del norte de África, cuyo proceso de integración laboral es más lento.
En cuanto a salarios, los inmigrantes cobran un 30 % menos de media, aunque esta diferencia se explica en un 94 % por sus características demográficas y formativas, y tiende a desaparecer con el tiempo. "No hay indicios de discriminación salarial cuando se comparan perfiles equivalentes", señaló. "Aunque, en algunos sectores, la llegada de inmigrantes con salarios de reserva bajos puede fortalecer la capacidad de negociación de las empresas para ofrecer salarios más bajos, asegurada por una mano de obra migrante más barata", añadió.
Por otro lado, Carrasco advirtió que las diferencias en cuanto a delincuencia también deben leerse con cuidado: aunque la tasa de condenados es el doble entre inmigrantes, esta diferencia desaparece al comparar grupos homogéneos en edad, sexo y nivel de cualificación. "No es una cuestión de nacionalidad, sino de composición demográfica".
Sobre el acceso a la vivienda, destacó que entre 2000 y 2010 la inmigración fue responsable de un 2 % del aumento de precios, pero también impulsó cerca de la mitad del incremento en construcción residencial. En materia de servicios públicos, como sanidad, la utilización de los servicios del Sistema Nacional de Salud por la población inmigrante es similar a la de los nativos de los mismos grupos de edad. Sin embargo, como hay mayor proporción de jóvenes, en conjunto recurren menos a los servicios sanitarios. "Los inmigrantes contribuyen más en impuestos y cotización que lo que los gobiernos se gastan en su protección social, salud y educación", explicó. Además, Carrasco recordó la advertencia de la AIReF que calculó que España necesita un millón de inmigrantes anuales para mantener a flote el sistema de pensiones.
En sus palabras finales, insistió en que hay que luchar contra el discurso de suma cero de 'ellos o nosotros' porque está totalmente equivocado. Los esfuerzos deben ir en la línea de explicar los efectos reales de la inmigración. Propuso además apostar por la inmigración legal, la contratación en origen y por una mejor gestión de la integración. "No se trata de cuántos regularizamos, sino de reconocer que los necesitamos y los queremos aquí, y los queremos legales", concluyó.
La edición de 2025 del ciclo de conferencias impulsado por Cajamar y el Ivie en Valencia finalizó ayer con la intervención de Raquel Carrasco, pero se emplazó al público a una nueva serie que tendrá lugar el año que viene.
