El Ayuntamiento de Xirivella lamenta profundamente la situación generada por decisiones del anterior equipo de gobierno socialista en dos cuestiones clave que afectan directamente a las arcas municipales y, por ende, a todos los vecinos y vecinas del municipio.
Por un lado, el actual equipo ha detectado que el anterior ejecutivo dejó prescribir, el 28 de diciembre de 2020, el derecho del Ayuntamiento a cobrar cuotas de urbanización por valor de 229.473 euros por las expropiaciones para el desarrollo del Sector D. Dicha expropiación tenía como objetivo la creación de una carretera. Aunque esta conexión no llegó a ejecutarse debido a un informe técnico desfavorable emitido por Demarcación de Carreteras del Estado.
Un informe jurídico elaborado por los Servicios Jurídicos Municipales alerta de la posible prescripción del derecho de cobro. A partir de esta información, la concejala de Hacienda, Pilar Ureña, ha manifestado que "este hecho constituye un claro perjuicio económico para Xirivella y pone en evidencia la falta de diligencia del anterior gobierno socialista en la defensa de los intereses municipales".
Por otro lado, también se ha constatado que ese mismo gobierno no cumplió en tiempo y forma con los pagos a los titulares de terrenos expropiados en el Sector D, lo que ha derivado en la generación de intereses de demora que supone el doble de gasto.
Intereses de demora
La consecuencia económica de ese retraso en los pagos es que el Ayuntamiento deberá asumir intereses de demora que duplican el coste inicial de las expropiaciones, una carga financiera considerable que impacta de lleno en el presupuesto municipal. "Esta omisión, además de injusta con las personas afectadas, nos obliga ahora a detraer cerca de medio millón de euros del presupuesto municipal, un dinero que podría haberse destinado a servicios públicos, mantenimiento urbano, cultura o bienestar social", ha subrayado la concejala.
Para poder hacer frente a estas obligaciones, el Ayuntamiento de Xirivella aprobó este jueves una incorporación de remanente de tesorería, que permitirá cubrir el importe total derivado de los intereses de demora y los pagos pendientes, "saldando así una deuda moral y legal con los vecinos afectados". No obstante, se ve obligado a hacerlo asumiendo unos intereses que podrían haberse evitado con una gestión más responsable.
Desde el Ayuntamiento se reitera el compromiso con una gestión pública rigurosa, transparente y responsable, que anteponga siempre el interés general y el respeto a los derechos de la ciudadanía.