La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, conversa con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. EFEEl alcalde de València, Joan Ribó, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta conjunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le piden que el cierre provisional durante la pandemia por coronavirus de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se convierta en definitivo y no se reabran.
En la carta, ambos alcaldes señalan que el cierre de estos centros dadas las circunstancias "excepcionales" por la covid-19, que quedaron vacÃos y sus internos en libertad ante la imposibilidad de practicar expulsiones de personas en situación irregular, ha demostrado que los CIE "no son necesarios para regular los flujos migratorios" en España.
"Ninguna persona es ilegal, ser migrante no es delito. En cambio, privar de libertad sin haber cometido ningún delito sà puede constituir una grave vulneración de los derechos humanos", exponen los dos alcaldes, que reclaman al ministro que se sitúe a favor de los derechos humanos cerrando estos centros.
También reclaman al ministro que abra paso a unas polÃticas de control migratorio "más humanas y eficaces", y se ponen a su disposición para colaborar de manera activa en la búsqueda e implementación de "todas aquellas alternativas que sean necesarias".
Ribó y Colau recuerdan en la carta que, en los últimos años, se acumulan distintas denuncias por "la opacidad" de estos centros y por las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en su interior, y que son numerosas las organizaciones internacionales que piden su cierre y la sustitución por alternativas con "menos costes humanos, sociales y económicos".
Señalan asimismo que ambos Ayuntamientos aprobaron en 2015 sendas declaraciones institucionales por el cierre de los CIE, y desde entonces defienden que en ciudades "abiertas, mestizas y globales" como València y Barcelona no cabe el internamiento forzoso de personas extranjeras no por cometer un delito, sino por incurrir en una infracción administrativa.
La carta expone que la gran mayorÃa de personas internadas finalmente no son expulsadas y vuelven a quedar en libertad, causándoles un sufrimiento "innecesario e injustificado", y que la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito es "una práctica anacrónica y vulneradora de los derechos humanos".
Ambos alcaldes consideran que el cierre provisional de estos centros respondÃa también a los "anhelos de un Gobierno progresista de acabar con estas cárceles para personas que no han cometido ningún delito", y piden que actúe en consecuencia.
El alcalde de València ha señalado que los CIE no sirven ni "para controlar los flujos migratorios" ni para respetar los derechos humanos de estas personas, por lo que se ofrecen al ministro de lnterior a colaborar en el control de esos flujos, pero siempre desde la perspectiva de los derechos humanos.
