El alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa primera, Sandra Gómez. EFEEl alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha criticado cómo se planteaba el decreto del Gobierno sobre el uso de remanentes municipales y ha pedido uno nuevo que atienda al criterio poblacional, mientras la vicealcadesa, Sandra Gómez (PSPV), ha considerado "nefasto" que no se haya aprobado.
En sendos comunicados, ambos dirigentes políticos se han referido así al decreto ley de los remanentes municipales, que había aprobado el Gobierno pero que ha sido derogado este jueves por el Congreso de los Diputados, al recibir el rechazo de toda la oposición.
Ribó ha reclamado un nuevo decreto emanado del Ministerio de Hacienda "dialogado con los ayuntamientos y que contemple un fondo económico que atienda al 100 % el criterio poblacional, que es lo más justo".
Además, ha añadido en sus peticiones "una aportación concreta al transporte urbano que se haga efectiva en 2020, un servicio esencial de los ayuntamientos que se ha visto terriblemente afectado por la pandemia", así como "la derogación de la Ley Montoro, que ahoga a los ayuntamientos de toda España".
"Los ayuntamientos somos la administración más próxima a la ciudadanía, los que ofrecemos los servicios de manera más directa, y merecemos poder afrontar la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia por la Covid-19 con suficientes recursos para atender a la población. Y este decreto, tal y como se planteaba, no lo contemplaba así", ha argumentado.
Además, ha incido en que "los ayuntamientos somos Estado" y ha pedido al Ministerio de Hacienda "que el diálogo entre las instituciones del Estado sea fluido, porque las imposiciones no llegan a ninguna parte, y en estos momentos, la unidad de acción es muy importante".
"No es entendible que alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos se hayan mostrado contrarios al planteamiento inicial del gobierno de España. Esto no puede volver a ocurrir, porque salimos perdiendo todos", ha apuntado.
La vicealcadesa Sandra Gómez ha calificado de "noticia nefasta para València" que no se haya aprobado el decreto y ha exigido a las fuerzas políticas que han votado en contra que expliquen por qué la ciudad no podrá disponer de 90 millones "imprescindibles para atender la emergencia social y económica".
"Solo para la ciudad de València supone la pérdida de 90 millones de euros", ha advertido Gómez, que ha lamentado que "al final lo único que queda encima de la mesa es la Ley Montoro, tal y como pretendía el PP" y ha recriminado que "los populares han conseguido salirse con la suya y que se aplique su ley".
Ha incidido en que esta ley "obliga a los ayuntamiento a aplicar recortes" y los sitúa en "los mismos niveles de deuda pública del año 2011".
"Es algo absolutamente irresponsable", ha afirmado y ha exigido a los representantes de todas las formaciones políticas que han votado en contra que "den la cara y expliquen a los valencianos y valencianas el sentido de su voto".
Sandra Gómez ha reprochado a todas estas formaciones que "gracias a su voto en contra, València tendrá que hacer un presupuesto de recortes" que, a su juicio, "es donde nos quería llevar el PP".
