Sancho, segundo por la derecha, en la inauguración de Camarena Canet. EPDAJosé Antonio Sancho Sempere, ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer ha entrado nuevamente en cólera al enterarse que la Junta de Gobierno local del citado Ayuntamiento ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas para que restituya todo el dinero que de forma ilegal y delictiva esquilmó de las arcas municipales durante años y lo desvió a cuentas bancarias controladas por el corrupto funcionario, varias veces ya condenado por diversos y graves delitos relacionados con la corrupción en la administración del municipio. El convicto y condenado Sancho Sempere se ha apresurado a presentar un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Canet, que dispone la restitución de dinero indebidamente satisfecho, que se enmarca en un contexto de profunda gravedad institucional tras su condena penal por delitos contra la administración pública y la consecuencia económica para las arcas municipales.
Sancho Sempere fue condenado el 21 de julio de 2022 por el Juzgado de lo Penal n. º 18 de Valencia como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios, habiendo canalizado su actividad profesional privada a través de la "Academia Valenciana de Juristas" (AVJ) y beneficiándose directamente de su posición como secretario municipal.
Entre 2007 y 2013, la AVJ facturó al Ayuntamiento más de 200.000 euros, con contratos sistemáticamente troceados y adjudicaciones dirigidas por el propio Sancho, lo que derivó en su condena penal y en la reserva de acciones civiles y administrativas a favor del consistorio.
Tras la sentencia penal, la Junta de Gobierno acordó, en su sesión del 13 de noviembre de 2025, remitir copia de la sentencia al Tribunal de Cuentas para que se depuren las responsabilidades contables. El objetivo es que se determine y, en su caso, se exija la restitución de los fondos municipales indebidamente abonados como consecuencia de los hechos delictivos juzgados. Esta acción se fundamenta en lo dispuesto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (art. 49), que habilita a la administración afectada a reclamar no solo la condena penal, sino también el reintegro económico de los perjuicios sufridos en sus caudales.
El recurso presentado por Sancho Sempere sostiene que no existiría un menoscabo efectivo de los fondos municipales en relación a los pagos realizados a la AVJ hasta 2015, defendiendo que éstos respondieron a servicios jurídicos reales y necesarios.
Pretende diferenciar estos contratos de otros fondos "pendientes de determinar" abonados a una nueva entidad creada en 2020, y alega que la remisión del expediente al Tribunal de Cuentas supone una carga procesal y un retraso injustificado para todas las partes, invocando supuestos formales y de fondo para justificar la improcedencia del acuerdo municipal.
El acuerdo recurrido se apoya en la reserva expresa de acciones civiles establecida en la sentencia penal, así como en la doctrina del Tribunal Supremo según la cual la reclamación de responsabilidad contable se sujeta al plazo de prescripción propio de las acciones derivadas de delito, que en este caso no se encontraba agotado.
El proceder de Sancho Sempere, documentado en la instrucción y en el fallo judicial, revela una utilización irregular de su posición pública y un beneficio patrimonial privado en perjuicio de la administración local, hechos que legitiman sobradamente la actuación del Ayuntamiento para exigir la restitución íntegra de las cantidades indebidamente percibidas.
Este expediente representa un caso paradigmático de cómo la administración puede, y debe, ejercitar todas las acciones legales y contables para restablecer la legalidad y recuperar los recursos públicos desviados por comportamientos ilícitos de sus cargos públicos. Que el condenado intente frenar, dilatar o evitar el reintegro no hace sino reforzar la necesidad de agotar todas las vías de exigencia de responsabilidad hasta las últimas consecuencias legales, en aras de la transparencia, la protección del erario público. La plataforma de afectados por las actividades ilícitas y delictivas de José Antonio Sancho Sempere manifiesta, mediante este comunicado público, su posición ante la reciente reacción del Ayuntamiento de Canet de Berenguer frente a las ilegalidades perpetradas por el citado ex funcionario y su entorno familiar.
La reacción institucional del Ayuntamiento, aunque tardía, representa un avance innegable en la exigencia de responsabilidades por el expolio sufrido por el municipio. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por las Actuaciones de Sancho considera que la remisión de la sentencia penal al Tribunal de Cuentas y la reclamación de restitución de fondos constituye solo un primer paso y exige que el consistorio persevere hasta esclarecer en profundidad todo el alcance económico y personal de la trama urdida por Sancho.
Aún queda sin resolver el destino y justificación de los pagos efectuados desde 2011 hasta 2015 bajo la dirección de Sancho, cuya empresa privada continuó beneficiándose de contratos municipales gestionados y validados por su hija, Carmen Sancho González, responsable de la mesa de contratación y firmante de expedientes de contratación.
La intervención de Carmen Sancho González fue determinante en las maniobras ilícitas, actuando como responsable técnico en la tramitación, informe y aprobación de los contratos adjudicados a la empresa de su padre, según múltiples investigaciones periodísticas y documentos oficiales.
Por su parte, Amparo González Sanchis, esposa de Sancho, colaboró activamente en todas las operaciones fraudulentas a través del entramado de sociedades creado para canalizar fondos públicos, siendo parte esencial de la planificación y ejecución de las maniobras ilegales.
La Plataforma subraya que es imprescindible que el Ayuntamiento depure todas las responsabilidades administrativas, económicas y penales, y que se investigue el papel que desempeñaron todos los familiares implicados, garantizando la transparencia y el derecho a la verdad de los ciudadanos.
''Exigimos que el consistorio amplíe su actuación y emprenda todas las acciones necesarias hasta alcanzar el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación íntegra de todos los fondos desviados. La colaboración familiar en esta trama corrupta debe investigarse hasta sus últimas consecuencias legales y administrativas'', han señalado en declaraciones a El Periódico de Aquí.
José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer y familia, siguen sin devolver uno solo de los al menos 2.096.523,43 que obtuvieron ilegalmente a través de sus chiringuitos en varias tramas corruptas y ello pese a que Sancho acumula tres sentencias judiciales firmes que lo condenan por los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El ex secretario municipal ha sido condenado en varias sentencias por los tribunales de justicia por conseguir contratos fraudulentos que le habrían permitido obtener decenas de miles de euros a costa de las arcas públicas de varios ayuntamientos, entre ellos el de Canet y otras entidades públicas.
A pesar de los múltiples procedimientos judiciales abiertos en su contra, Sancho Sempere sigue sin restituir ni un solo euro del dinero que, según las investigaciones judiciales y de la Fiscalía anti corrupción, habría desviado mediante la creación de "chiringuitos.
Este siniestro personaje diseñó en su día un plan, según el cual, obtuvo cientos de miles de euros a base de lograr contratos amañados entre otras muchas tropelías que El Periódico de Aquí viene denunciando durante mucho tiempo.
El saqueo de los fondos públicos que durante años perpetró Sancho Sempere, como capo de la denominada "trama de las asesorías", tenía como objetico esquilmar dinero público de diversos ayuntamientos y otras entidades públicas de la comunidad valenciana con la colaboración de todos los miembros de su extensa familia, algunos funcionarios adictos, varios alcaldes y empresarios y diversos políticos.
La citada familia, según los informes elaborados por el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia, de la Dirección General de la Guardia Civil, está compuesta por las siguientes personas:
-José Antonio Sancho Sempere
De alguna u otra forma y en mayor o menor medida, todos los miembros de la familia tuvieron relación con el entramado de la trama de las asesorías.
Porque Sancho Sempere, para obtener ilícitamente dinero público de varias entidades creó, dirigió y administró los siguientes chiringuitos particulares:
En las citadas entidades había unas notas comunes:
1. Todas fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere.
2. Todas estaban constituidas por Sancho Sempere que colocaba al frente de las mismas como miembros de las juntas directivas a terceras personas (testaferros) y en algunas ocasiones a su mujer y a sus propios hijos, para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos legales o participasen en la actividad o representación de los referidos chiringuitos corruptos.
3. Todas tenían el mismo objetivo que, como queda dicho, era conseguir contratos de prestación de servicios con Ayuntamientos y otras entidades públicas, bien con adjudicaciones directas, bien con concursos amañados.
4. Todas emitían facturas cuyo cobro iba a parar a alguna de las
Cuando en el año 2013 la justicia tomó cartas en el asunto y por orden del Juzgado y de la Fiscalía anticorrupción, el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia, de la Dirección General de la Guardia Civil la comandancia de la Guardia Civil, elaboró un exhaustivo y detallado informe sobre las actividades de Sancho Sempere en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011.
En dicho informe se afirma que la trama afectó, entre otras, a las siguientes entidades públicas:
La Guardia Civil hace constar en dicho informe que los ingresos/abonos percibidos por Sancho Sempere a través de las citadas entidades y solo en el periodo 2007 a 2011 fueron de 2.096.523,43 euros
Fruto de un largo proceso de investigación periodística El Periódico de Aquí en el año 2010 destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública local de los últimos años. José Antonio Sancho Sempere secretario del ayuntamiento de Canet, aprovechando su posición privilegiada, consiguió saquear las arcas de la corporación y otros consistorios por más de 2 millones de euros a través de una red de contratos fraudulentos y chiringuitos financieros. La ciudadanía y la opinión pública no entienden cómo es posible que un funcionario público pudiera mantener esta red de corrupción activa durante años sin ser detectado, y cuál ha sido el papel de su familia en este entramado. Todo ello queda recogido en el libro 'El zorro en el gallinero'.
Fue este medio de comunicación el que desde el primer momento puso en el punto de mira al secretario del ayuntamiento de una pequeña localidad. Según se ha sabido después, el funcionario habría estado utilizando su posición para adjudicar contratos a empresas que en realidad estaban bajo el control de él y de su familia, desviando así importantes cantidades de dinero de las arcas municipales hacia sus propias cuentas.
La trama comenzó a tomar forma hacia el año 2000, cuando el ahora ex secretario del ayuntamiento empezó a trabajar en la administración local. Aprovechando la falta de controles estrictos en el proceso de adjudicación de contratos menores, el funcionario ideó un plan para que alguno de sus chiringuitos se hiciera con el contrato de asesoramiento jurídico de la corporación municipal cuando la realidad era que tales empresas eran gestionadas por él y sus familiares.
Para lograrlo, se sirvió de varios mecanismos fraudulentos:
Los llamados "chiringuitos financieros" eran empresas creadas con el único objetivo de recibir contratos públicos y justificar el movimiento de grandes cantidades de dinero. Estos negocios aparentemente legítimos no estaban inscritos en la Seguridad Social ni tenían trabajadores contratadas en la mayoría de las ocasiones
El secretario se encargaba de que estas empresas estuvieran incluidas en los concursos de adjudicación de los contratos del ayuntamiento, presentándolas como compañías legítimas y necesarias para la gestión municipal. Luego, a través de maniobras administrativas y aprovechando vacíos legales, aseguraba que siempre recibieran los contratos, lo que les permitía justificar pagos periódicos que, en última instancia, acababan en sus propios bolsillos.
Un análisis de las cuentas bancarias de estas empresas mostró que el dinero era transferido rápidamente a cuentas personales de Sancho y su familia, quienes luego lo invertían en bienes inmuebles, vehículos de lujo y yates privados, dejando pocas trazas que podían relacionar directamente al secretario con los fondos desviados.
Para mantener la operación en marcha durante tantos años, el secretario se aseguró de tejer una red de complicidades y silencios. Según los informes de la Guardia Civil, algunos empleados municipales de menor rango podrían haber sido controlados para que no hicieran preguntas incómodas o para que facilitaran la aprobación de ciertos contratos.
No en balde Sancho Sempere tenía situados a varios de sus hijos en el consistorio municipal.
La trama también parece haber contado con la colaboración de algunos empresarios locales que aceptaron actuar como intermediarios, permitiendo que el secretario pudiera blanquear el dinero obtenido de manera fraudulenta sin llamar la atención.
El desvío de más de 2 millones de euros ha tenido un impacto devastador en las finanzas del municipio, aunque esta cuestión ha sido silenciada por los alcaldes del municipio temerosos de que el escándalo salpicara su gestión al frente del consistorio.
Pero eso no oculta el hecho de que mucho de ese dinero debería haberse destinado a mejorar infraestructuras, servicios públicos y programas sociales, en cambio, terminaron engrosando el patrimonio personal del secretario y su familia. La falta de recursos ha sido especialmente evidente en áreas como el mantenimiento de las calles, servicios educativos y atención a personas mayores, que se han visto reducidos en calidad y alcance debido al déficit provocado por el escándalo.
A día de hoy los ciudadanos de Canet exigen respuestas y la devolución del dinero saqueado. Hay que actuar, se tiene que depurar responsabilidades no solo contra el secretario, sino también contra cualquier otra persona que pudiera haber facilitado el fraude o que, en su negligencia, permitiera que ocurriera.
Este escándalo ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades del sistema de contratación pública a nivel local y la necesidad urgente de implementar controles más estrictos para evitar el abuso de poder. La historia del secretario del ayuntamiento y su red de chiringuitos financieros es un recordatorio de que la corrupción sigue siendo un problema que amenaza la confianza pública y el desarrollo de las comunidades.
Lo sucedido en Canet que afecta también a otras localidades valenciana contaminadas por el mismo escándalo creado por Sancho Sempere y su familia no es un caso aislado, y la única forma de combatir este tipo de delitos es a través de una mayor transparencia, rendición de cuentas y un sistema judicial implacable que no tolera la impunidad.
José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y capo de las llamadas "trama de las asesorías" y "trama de las oposiciones" se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de
