Luis Santamaría. FOTO PPCV.COM"Ribó está desaparecido, y no es de recibo que el alcalde no diga una palabra cuando el Ayuntamiento que dirige se expone a una sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos", ha señalado Santamaría.
"Ribó debe contestar a dos preguntas que son sencillas si tiene la respuesta. Por un lado, la Agencia de Protección de Datos señala que es necesario un consentimiento expreso de los encuestados cuando se les pregunta por cuestiones como sus simpatías políticas o por religión y creencias, y hay constancia de que se les interrogó sobre estos asuntos. El Ayuntamiento mantiene que fueron encuestas anónimas, pero se pedía la identificación de los encuestados, por lo que algo no cuadra y es necesaria una explicación coherente", ha señalado Santamaría.
"Por otro lado, si al final las alegaciones presentadas por el consistorio no sirven de nada y se condena al Ayuntamiento, los valencianos tienen todo el derecho a saber quién está dispuesto a asumir la responsabilidad", ha continuado. En ese sentido, Santamaría ha preguntado al alcalde "si actuará de alguna forma con el concejal Fuset", así como "quién pagará si hay multa económica, que podría oscilar entre los 300.000 euros y los 1,2 millones". "Según el artículo 46.2 de la ley de la Agencia se podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran, y nos preguntamos si Ribó está dispuesto a acatarlas si se producen".
El presidente de la gestora ha indicado que "no deja de tener gracia que desde el Ayuntamiento se ataque el trabajo de la Agencia de Protección de Datos diciendo que hay elementos políticos en la investigación, porque precisamente intención política es lo que demostraron con las preguntas de la encuesta".
"En el ámbito de Compromís es habitual que cuando alguien les llama la atención intenten desprestigiarlo. Ocurre en este caso, pero ha ocurrido anteriormente con el Síndic de Greuges o el de Comptes cuando han criticado al Consell de Puig y Oltra", ha continuado.
