El exalcalde de Quartell y exvicepresidente de la Diputación provincial, Francisco Huguet, a su llegada a la Audiencia de Valencia. EFE-Manuel Bruque
La Audiencia Provincial de Valencia ha acordado suspender el juicio que debía comenzar este lunes contra el exalcalde de Quartell y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Francisco Huguet, el exconcejal Emilio Máñez, el empresario Vicente Huerta y otros acusados, después de que las defensas presentaran nueva documentación pericial.
La causa corresponde a una de las piezas derivadas del conocido caso Avialsa o cártel del fuego, centrada en presuntas operaciones urbanísticas irregulares desarrolladas entre 2005 y 2016 en varios municipios del Camp de Morvedre.
La suspensión se produce tras la admisión por parte del tribunal de un informe económico-administrativo aportado por la defensa de Huguet, elaborado para rebatir un peritaje previo de la UDEF. La Fiscalía Anticorrupción mostró su oposición inicial y, de forma subsidiaria, pidió aplazar la vista para poder estudiar la nueva prueba, una petición que finalmente fue aceptada.
La Sala ha decidido dar traslado a todas las partes para que analicen la documentación antes de fijar una nueva fecha de juicio. Además, ha acordado citar como testigo a la actual alcaldesa de Quartell, Cristina Marqués, a solicitud de la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento.
Por el contrario, el tribunal ha rechazado incorporar al procedimiento la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2024 condenó a Vicente Huerta por pactar precios y sobornar a cargos públicos para lograr contratos de medios aéreos de extinción de incendios.
La Fiscalía mantiene una petición global de penas de entre siete y 22 años y medio de prisión para los diez acusados por delitos continuados de cohecho, falsedad documental, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.
En concreto, solicita 22 años y medio de cárcel para Emilio Máñez, 16 años y medio para Francisco Huguet y siete años para el empresario Vicente Huerta.
Según el Ministerio Público, Huerta se habría servido de la capacidad de decisión de los responsables municipales para obtener adjudicaciones de terrenos públicos destinados a desarrollos urbanísticos, especialmente en Quartell y Alfara de Algimia, sin intención real de ejecutar los proyectos previstos.
La acusación sostiene además que los dos cargos públicos recibieron contraprestaciones por su actuación, entre ellas rebajas en la compra de inmuebles, fincas y terrenos, así como el uso de vehículos de alta gama.
La Fiscalía reclama igualmente indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que rozan los 700.000 euros.
Antes de un mes se celebrará una nueva comparecencia para que las partes planteen posibles cuestiones previas derivadas del análisis de los nuevos informes, mientras queda pendiente de señalarse la fecha definitiva del juicio.
