Tongo en unas pruebas de ascenso en el cuerpo de Policía Local de Valencia, que ha provocado el inicio de una investación judicial por el presunto amaño. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha iniciado una investigación acerca de posibles irregularidades en las pruebas de ascenso de comisarios principales dentro de la Policía Local de la capital del Turia. Dos mandos que participaron en las mismas y resultaron suspendidos han presentado una querella contra el tribunal responsable de la evaluación, liderado por el actual comisario jefe, José Vicente Herrera, junto a otros dos comisarios, alegando supuestas anomalías en el proceso. Los que han ascendido son tres comisarios, dos de los cuales comparten pasillo con Herrera y el tercero está en el edificio contiguo, mientras que el resto de candidatos eran jefes de comisaría en los distritos.
Querella admitida
La querella fue admitida el 14 de octubre, y la investigación abarcará delitos como prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación. El Periódico de Aquí ha accedido, no sólo al contenido de la misma, sino también a las pruebas que demostrarían que promocionaron las personas próximas al actual comisario jefe, José Vicente Herrera. La situación salpica al actual gobierno municipal, liderado por el Partido Popular y la alcaldesa, María José Catalá, aunque en 2021 ya se dirigió un burofax una semana antes del examen a un despacho de abogados avanzando el resultado con los tres candidatos que iban a resultar propuestos, entre 11 aspirantes, como así sucedió. El tribunal estaba formado por Herrera, Rafael Mogro y Alberto Cabeza. La justicia acabó por anularlas y en octubre de 2023, ya con el PP en el gobierno, se vuelven a repetir. Durante todo este periodo, y a pesar de la anulación, las tres personas beneficiadas dle proceso declarado nulo, continuaron desempeñando el cargo superior a su categoría con las respectivas retribuciones y beneficios. Uno de ellos llegó a jubilarse con esta dádiva que no les correspondía.
La situación se prolongó hasta octubre de 2023, cuando se convocaron de nuevo los ascensos en distintas categorías, pero el de comisario a comisario principal es el que volvió a generar polémica, al comprobarse de nuevo un tongo en toda regla. Los denunciantes son comisarios como Javier Genovés y Benjamín Lara, mientras que los denunciados comprenden al jefe, José Vicente Herrera, y otros dos miembros del tribunal, Rafael Mogro y Alberto Cabeza. Según las denuncias, en días previos a las pruebas se distribuyó un listado de nombres de comisarios que tendrían asegurado su ascenso, lo que generó suspicacias entre algunos candidatos. De hecho, el 28 de septiembre se distribuyó el nombre de los que iban a aprobar e incluso el orden y la identidad de los cuatro que iban a ser relegados: Eladio B. P., Fernando Juan G. O., Fernando L. H. y Eduardo R. B., en el primer caso.
En este punto, los cuatro afectados recurrieron administrativamente y denunciaron antes las autoridades municipales competentes graves irregularidades y solicitaron que se interviniera el proceso y adviriteron que probablemente iban a ser represaliados con un cambio injustificado de destino, como finalmente sucedió este pasado verano. Además, dos de los afectados acudieron a la vía judicial, acumulándose ambas demandas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Valencia. Este juzgado aceptó la práctica de la documental propuesta de metadatos y tuvo que advertir al Ayuntamiento de responsabilidades legales porque no se la facilitaba.
Sin embargo, aquí no terminó la manipulación. Durante la segunda prueba de ascenso, se convocó a todos los candidatos, aunque uno de ellos, que eventualmente fue aprobado, no se presentó a la hora del llamamiento con el resto. En esta ocasión, tres representantes de CC.OO. y UGT estuvieron presentes. Las calificaciones se firmaron el mismo día, 4 de octubre, y los aprobados fueron los mismos que figuraban en una supuesta orden falsa, fechada el 28 de septiembre de 2023 y que circuló como la pólvora por grupos de whatsapp. Los candidatos suspendidos volvieron a solicitar una revisión de la prueba, porque en esta categoría el tribunal se negó al derecho de revisión y aseguró haber seguido todos los procedimientos correspondientes. Pero era mentira. Los miembros del tribunal repartieron 480 puntos en 24 apartados coincidiendo en la centésima en todo. Ante esto, los afectados decidieron acudir nuevamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Una de las diligencias de investigación solicitadas por este juzgado ha revelado, mediante un análisis de metadatos de los documentos proporcionados por el Ayuntamiento, que las actas de la evaluación fueron elaboradas y modificadas después de que los suspendidos solicitaran una revisión, específicamente el 17 de octubre. Aquí se comprueba otro escándalo: el acta está creada un día después de la denuncia de los hechos, el 18 de octubre.
Además, el resto de documentación, en día posteriores, aunque los querellados firmen de su puño y letra con fecha 4 de octubre. Además de la fecha que ponen hay datos falsos. Además de las fechas, en la querella se denuncia la falsedad en su contenido. Y aquí aparece el autor de los documentos, que no es otro que el policía que quedó primero en los dos procesos, Eladio B., por orden del propio jefe de la Policía, según reconoce este mismo en la documentación remitida al juzgado. Según ha podido comprobar El Periódico de Aquí, el fichero 'acta comisión selección comisarios principales.docx, fue creada el 18 de octubre a las 11:03 por Eladio B. y modificada el 20 de octubre por Rafael Manuel Mogro Terrones. Además, las fichas de calificación no se rellenan hasta 16 y 18 días después de otorgar las notas y se firmaron con fecha falsa de 4 octubre.
Represalias
Por si no fuera poco, hubo represalias contra cuatro de los aspirantes, dado que uno fue trasladado de Benicalap a Ciutat Vella, otro de Patraix a Campanar, el t ercero de Russafa a Patraix y el cuarto de Ci9utat Vella a adjunto de un comisario.
Ahora se ha presentado ''una querella por lo penal contra los tres miembros del tribunal y cuantos puedan estar implicados'', y tendrán que hacerlo como testigos Eladio y el concejal de Policía, Jesús Carbonell. Hasta el momento, el ejecutivo local no ha hecho declaraciones.