Fernand Casanova Escorihuela. EPDAO todos moros, o todos cristianos. Siguiendo el refranero popular, el concejal de VINCHI y ex edil del PP -del 2007 al 2011, Fernando Casanova, ha reaccionado a su investigación, junto al alcalde de Compromís y otros tres concejales, pidiendo a la jueza que instruye los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que incluya en la investigación al ex alcalde, José Manuel de Haro -a la sazón, quien interpuso la querella que ha motivado esta investigación que amenaza con tumbar al gobierno municipal-, así como al ex secretario municipal, Vicente Igual, quien estuvo los años 2018 y 2019. Sin embargo, el edil también ha pedido que sean investigado los trabajadores y funcionarios de este Consistorio de la comarca de La Hoya de Buñol. Para Fernando Casanova Escorihuela, si él está siendo investigado junto al alcalde y otros tres ediles -Manuel Clemente, de IU, ha quedado fuera de la investigación-, también debería añadirse a todos los trabajadores y funcionarios que se han beneficiado de productividades durante años que supuestamente no les corresponderían al contar con informes en contra de la secretaría general y de la intervención del Ayuntamiento.
En definitiva, que la defensa de Casanova pasa por un ataque en toda regla, al incluir tanto a políticos como a funcionarios, haciendo de esta cuestión una causa general. Así, el pasado 14 de julio se presentó un escrito al juzgado de Requena en el que se solicita que ''se cite en calidad de investigados a don José Manuel Haro Gil y a don Vicente Igual Gorgonio y se cite en calidad de responsables civiles a título lucrativo a todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Chiva que han percibido los pluses de productividad'', según ha podido verificar El Periódico DE AQUÍ.
Fernando Casanova Escorihuela fue concejal del PP entre 2007 y 2011, en la legislatura siguiente fue expulsado del partido y pasó al grupo de no adscritos y desde 2015 es representantes de VICHI.
Como adelantó este rotativo, el alcalde de Chiva, de Compromís, y otros cuatro concejales de su equipo de gobierno están siendo investigados por la aprobación de productividades a funcionarios de este Consistorio de la comarca de la Hoya de Buñol, uno de ellos también político, pese a no haberse aprobado las cantidades preceptivas en un pleno municipal, como le advierte el secretario municipal en un informe en marzo de 2019, y con la oposición de la interventora que realiza un informe en el que informa de la ''disconformidad en el reconocimiento de obligaciones, ordenación de pago y pago material que se pretende''.
Según el informe de intervención, en marzo de 2019 la interventora recogía que ''el artículo 214 del RDL 2/2004, somete a fiscalización "todos los actos de las Entidades Locales que den lugar al reconocimiento de (...) obligaciones o gastos de contenido económico con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso". En el segundo punto, señalaba que ''se deduce del informe del Sr Secretario , que la Propuesta no cumple con lo establecido en el artículo 5 del RD 861/1986 , pues no consta en este Departamento que exista acuerdo de Pleno por el que se hallan aprobado los criterios en base a los cuales se distribuyen las productividades, ni existe en el expediente justificación objetiva de la asignación de cada una de las mismas''. Y en el tercer apartado, ''los motivos y efectos de los reparos vienen regulados en los artículos 215 y 216 del RDL 2/2004, sí bien en este caso la disconformidad no tiene efectos suspensivos de acuerdo con las citadas normas''. Por esta razón, ''de acuerdo con lo anteriormente expuesto la funcionaria que suscribe informa de disconformidad el reconocimiento de las obligaciones, ordenación de pago y pago material que se pretende''.
La interventora se basa en el informe del secretario municipal que manifestaba, a su vez: ''Vista la Providencia de Alcaldía firmada en fecha 22 de marzo de 2019, por la que se solicita a Secretaría informe sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir en relación al complemento de productividad. El presente informe se emite de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. BOE n.º 67, de 17/03/2018'' y repasa la legislación aplicable:
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).
R.D. 861/1986, de 18 de abril, sobre Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local (R.D.861/1986).
En relación con la productividad, dispone el artículo 5 del RD 861/1986 que "1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo
En el informe de secretaría, se señala que ''la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento''.
de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7. 2.b) de esta norma. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril. De conformidad con lo expuesto la distribución de la cuantía del complemento de productividad debe de responder a los criterios establecidos previamente por el Pleno, la apreciación de la productividad debe realizarse en función circunstancias objetivas. Es todo cuanto tengo que informar, no obstante la Corporación decidirá lo que estime conveniente''.
Es en base a este informe, cuando la interventora se muestra contraria al pago de las productividades pretendidas por el equipo de gobierno municipal.
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