Tal
y como se comprometió recientemente en una visita a Valencia, Becerra
ha presentado ante el Ejecutivo comunitario una pregunta parlamentaria
para que Bruselas se pronuncie sobre el hecho de que este plan de
ordenación urbana carezca de la declaración de impacto, y si, llegado el
caso, se ha informado sobre los motivos que justifican la exención de
la aplicación de lo dispuesto en la Directiva.
El barrio del
Cabanyal de Valencia es un Conjunto Histórico del siglo XIX declarado
desde 1993 Bien de Interés Cultural. En julio de 1998 el Ayuntamiento de
Valencia aprobó un plan de ordenación urbana (Pepri) con el objetivo de
prolongar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, destruyendo a su paso
más de 500 edificios y alrededor de 1500 viviendas.
El
29 de diciembre de 2009 el Ministerio de Cultura paralizó el Pepri por
considerar que expoliaba el conjunto histórico; esa Orden Ministerial
fue recurrida por la Generalitat, y el pasado mes de julio el Tribunal
Supremo rechazó el recurso.
Tras 16 años de batallas judiciales,
el Ayuntamiento de Valencia ha presentado recientemente una modificación
del Pepri. A pesar de la naturaleza, dimensiones (más de 670.000 m2) y
localización del proyecto, las autoridades consideran innecesario
realizar una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente,
tal y como dicta la Directiva 2003/35/CE.
Becerra está trabajando para que desde la Eurocámara se abran dos vías de actuación para abordar esta problemática. La primera, la de la protección del patrimonio histórico, es una cuestión fundamental para garantizar la conservación de bienes de interés cultural. La segunda es, precisamente, la búsqueda de responsabilidades debido al fuerte impacto medioambiental que podría tener este proyecto.
En ese sentido, el candidato de UPyD a la alcaldía de Valencia, Eduardo Gómez, ha destacado que la formación "explora todas las vías a nuestro alcance para evitar que se produzca un daño irreparable al patrimonio histórico. Además, no se puede soslayar el impacto ambiental que podría provocar la ejecución del Plan, y las autoridades deben explicar la razón de considerar innecesario evaluar ese coste ambiental".
