Este mismo sentimiento es compartido por otras usuarias que están obligadas por ley a llevar a sus hijos menores a las visitas con sus padres o familiares. En algunos casos se trata de madres que han vivido situaciones de violencia de género, como le ocurre a María. "Salimos de episodios muy duros en nuestras vidas y lo que necesitamos es sentirnos arropadas y comprendidas", comenta, "es angustioso ir porque te remueve todo lo que has pasado, con un sentimiento de desprotección".
María lleva unas pocas visitas en esta ubicación, pero para ella "son suficientes para ver lo que hay". Y es que según narra para llegar al punto de encuentro "hay que recorrer un pasillo con bajos con las puertas rotas a patadas, con un escalón pronunciado y oscuridad en su interior". "El otro día me cruce con una persona a la que le habían pegado y bajaba manchada de sangre. Todo esto con mi hijo menor de la mano, que asocia este lugar a las visitas con su padre". Además, señala otras situaciones vividas como "toxicómanos recogiendo colillas, que te miran desafiantes, y trapicheo de drogas".
La alarma entre las usuarias se disparó el día después de que se produjera el asesinato a tiros de un hombre en Alfafar. "Nos llamaron y nos anularon las citas porque los ánimos estaban muy encendidos en la zona, con familiares de la víctima buscando venganza", explica, "incluso los empleados del centro tenían miedo".
María asegura que "me dejo el bolso y el móvil en el coche, pero no quiero ni pensar cuando se haga de noche antes, en invierno, y tener que recorrer ese pasillo, es que nos exponemos a vernos envueltas en cualquier pelea o situación incómoda", y advierte de que ya ha solicitado a través de su abogada el cambio del Punto de Encuentro, "un trámite que tardará mucho porque tiene que aprobarlo un juez", comenta.
El malestar es generalizado entre varias usuarias del servicio que recuerdan que "si nos negamos a llevar a nuestros hijos nos pueden sancionar" y piden que "se resuelva esta situación lo antes posible porque al final va a pasar una desgracia y no es justo que para lavar la imagen de estos edificios nos tengan expuestas".
"No vamos tranquilas, es una zona degrada y peligrosa, que no es adecuada para ir con niños porque hacen preguntas y no sabemos como va a reaccionar la gente con la que nos cruzamos. Ya es difícil tener que acudir a un punto de encuentro familiar como para que nos lo pongan todavía más", añade otra de las usuarias, quien advierte de que de la presencia de la policía solo se registró en los días posteriores al asesinato.
Desde el Ayuntamiento, la concejala de Servicios Sociales, Fina Carreño, asegura para este periódico que las competencias corresponden a la dirección general de Infancia y de que no tienen constancia de ninguna queja. "Entiendo que hayan podido ser por el episodio muy puntual" y advierte de que cuentan con la vigilancia de la Policía Local y dos guardias de seguridad.
Carreño explica que las instalaciones fueron cedidas por el Ayuntamiento, que se encargó de adecuar el recinto y dotarlo de mobiliario, a la conselleria para este servicio, y que la administración valenciana no puso pegas a la ubicación, al revés, se escogió este espacio para dignificar el barrio y estas fincas sociales, que pertenecen a la Entitat Valenciana d'Habitatge.
La edil remarca que, en la misma línea, se ha llevado a cabo un programa de integración e inclusión social en esta zona y también está previsto ubicar en esos bajos un centro de Cruz Roja, con aulas de formación. Además, advierte de que cuenta con iluminación en el pasillo, fácil accesibilidad y dos plazas de aparcamiento para casos específicos.
