El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la nueva tasa por aprovechamiento especial del dominio público local mediante cajeros automáticos de entidades financieras instalados en la fachada de establecimientos, y manipulables desde la vía pública. Esto significa, en la práctica, que los bancos que dispongan de cajeros automáticos utilizables desde la calle deberán pagar una tasa por dicho servicio.
La iniciativa ha salido adelante con los votos del Grupo Municipal Popular, y pese al voto contrario del Grupo Municipal Socialista, mientras que Compromís y Esquerra Unida se han abstenido en la votación.
Tal como el propio delegado de Hacienda explicaba días atrás ante los medios de comunicación, esta nueva tasa establece tres categorías fiscales, determinadas en función de los valores catastrales del suelo donde se ubique cada cajero, y en virtud del estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia, que fue base para la modificación de la Ordenanza sobre el Impuesto de Actividades Económicas, IAE. Así, los precios anuales serán de 592 euros en la categoría fiscal primera, 532'80 en la segunda categoría, y 503,20 euros en la tercera.
El concejal socialista Pedro Sánchez ha criticado que la medida "se queda a medio camino, ya que podría haber llegado más allá, como en otras ciudades". Por su parte, Joan Ribó, portavoz de Compromís, ha dado la bienvenida a la tasa, pero ha lamentado que no haya sido aplicada antes, dado que su Grupo Municipal la había propuesto en ejercicios anteriores. Finalmente, la concejala de Esquerra Unida Rosa Albert ha calificado la tasa de "elemento más propagandístico que de justicia financiera".
El concejal Silvestre Senent ha defendido el momento y la cuantía de esta nueva tasa, señalando que se ha realizado un "estudio serio y riguroso, buscando la seguridad jurídica", y ha añadido que antes de concretar los parámetros de esta nueva tasa, el Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre su aplicación en otras ciudades (como Murcia, Barcelona, Sevilla Málaga, Alicante, Castellón, Bilbao, Elche o Torrent).
En cuanto al resto de tasas, han sido actualizadas como es habitual, en virtud del IPC a fecha de 30 de junio pasado, es decir, con un incremento del 2'1%, y han salido adelante de nuevo con el respaldo del Grupo Municipal Popular. En este caso, han votado en contra los Grupos Socialista y Compromís, mientras que Esquerra Unida se ha abstenido de nuevo.
Los concejales de la oposición han criticado la actualización, asegurando que "se trata en realidad de una subida", puesto que el Gobierno ha anunciado la congelación de los sueldos de los empleados públicos, y dado que se está estudiando la revisión de las pensiones. Sin embargo, el delegado Senent ha indicado que de no actualizar las tasas como es preceptivo, según el IPC, se produciría "un detrimento de las arcas municipales y, por tanto –ha subrayado- una afección negativa a los servicios que presta el Ayuntamiento a toda la ciudadanía".
De hecho, ha recordado Senent, otros municipios, como por ejemplo Bilbao, han actualizado incluso por encima del IPC. Además, el Edil ha recordado que las tasas no gravan, al contrario que los impuestos, a todos los ciudadanos, sino a aquellos que reciben una prestación pública.
En este contexto, la concejala de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha criticado también el "elevado incremento" de la ORA en los barrios de Extramurs y L'Eixample, que se equiparan con Ciutat Vella. Silvestre Senent ha respondido que se trata de una equiparación lógica, dado que no es razonable que, por ejemplo, se paguen tarifas diferentes en la calle Colón y en la calle Cirilo Amorós. "Esta ampliación –ha argumentado el Delegado- beneficiará la rotación de vehículos, fomentará el transporte público, no supone un incremento de la presión fiscal y afecta no sólo a los vecinos de la ciudad, sino a todo aquel conductor, valenciano o de otro municipio, que haga uso de las zonas de estacionamiento".
Finalmente, el pleno ha aprobado la modificación provisional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, único impuesto que ha sido también actualizado según el IPC, un 2'1%, "visto –ha explicado Silvestre Senent- que las grandes capitales de España tenían este Impuesto muy por encima de Valencia, e incluso también otros municipios de la provincia y del área metropolitana". En la votación, el Grupo Popular ha votado a favor, el Grupo Socialista en contra, y Compromís y Esquerra Unida se han abstenido.
El delegado de Hacienda y Política Tributaria y Fiscal, Silvestre Senent, ha concluido su intervención en el debate sobre las tasas, asegurando que Valencia es "la capital de provincia con menor presión fiscal de toda España".
Al término del debate de los puntos del orden del día, el Ayuntamiento ha tratado las distintas mociones planteadas por los Grupos de la Oposición. En primer lugar, se han debatido de manera conjunta dos propuestas, planteadas respectivamente desde el Grupo Municipal Socialista y desde el Grupo Municipal Compromís, referidas ambas a la situación de la enseñanza y de los centros escolares en la ciudad.
Los ediles socialistas Joan Calabuig y Félix Estrela han planteado convocar una comisión de seguimiento del proceso de inspección de las instalaciones educativas, e instar a la Conselleria de Educación a retomar la construcción de centros públicos en la ciudad. Por su parte, la Concejala Consol Castillo, de Compromís, ha instado a realizar una auditoría técnica por parte de los técnicos municipales sobre las deficiencias observadas en los centros escolares, y a que la Conselleria potencie las líneas educativas en valenciano.
El debate ha estado precedido por la intervención de la Secretaria General de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos) y de la Presidenta de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio Lluís de Santángel de El Saler).
El concejal de Educación, Emilio del Toro, ha rechazado ambas mociones por entender que las propuestas contenidas en ellas exceden la competencia municipal, dado que corresponden a la gestión de la Conselleria. Del Toro ha asegurado que traslada todas las propuestas, inquietudes y denuncias al Gobierno Autonómico, y ha lamentado que algunas de estas denuncias lleguen directamente al Pleno, "cuando mi despacho está siempre abierto a las propuestas de los padres y madres de los centros".
El edil ha asegurado que, tanto desde la Generalitat como desde el propio Ayuntamiento "se sigue trabajando y dando soluciones", y ha destacado cómo la Conselleria de Educación ofrece becas para atender, por ejemplo, a aquellas familias que no tienen acceso a las becas estatales.
La alcaldesa ha intervenido en el debate para dar a conocer la decisión del Consejo de Ministros anunciada por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, por la que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 contempla un aumento de 250 millones de euros en becas generales y de 71 millones la dotación para I+D+i. Dichas medidas contemplan que la dotación para becas generales -destinadas a alumnos con menos recursos- crece un 21% respecto al presupuesto de 2013.
