El Ayuntamiento de València ha reclamado a Las Cortes y al Gobierno una "reforma urgente en profundidad" de la Ley del Mecenazgo para "garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio" y tener capacidad para gravar impuestos como el IBI a negocios lucrativos de la Iglesia y otras entidades y confesiones religiosas.
Asà se incluye en una moción aprobada este jueves, con los votos de CompromÃs, PSPV y València en Comú y el rechazo de Ciudadanos y PP, y que, según el alcalde, Joan Ribó, responde a la petición que hicieron más de setenta alcaldes de todos los partidos en febrero de 2017 en el marco de la Declaración de València por una financiación local justa.
El texto insta al Gobierno a "dejar a los ayuntamientos las discrecionalidad de aplicar o no las exenciones fiscales" y, en el caso de mantener algunas ante el amparo de la ley, "a compensar a las haciendas locales la pérdida de estos ingresos, como ya se hace en el caso de los centros de educación concertada".
Para ello, prosigue, debe habilitarse "con carácter urgente a las corporaciones locales que asà lo soliciten, para regular el procedimiento tributario que agilice y facilite la gestión de la recuperación de ayudas fiscales incompatibles o ilegales por ser contrarias al derecho comunitario y en el ámbito local".
En la defensa de la moción, Ribó ha justificado la petición tanto en la Constitución como en el Tratado Fundacional de la Unión Europea y ha defendido que la realidad en España, en la Comunitat y en València es que "hay exenciones fiscales a actividades que ofrecen bienes y servicios en competencia" con empresas que pagan sus impuestos.
"Unas empresas pagan religiosamente sus impuestos y tributos mientras otras hacen la misma actividad pero, por estar vinculadas a organizaciones religiosas, están exentas", ha resaltado y ha añadido que esta situación se da con algún hospital y universidad privada y en aparcamientos y residencias públicas.
Ha aclarado que no se trata ni de centros de culto ni benéficos o de actividades sociales sin ánimo de lucro sino de "centros económicos que entran en el mercado en condiciones diferenciadas" y ha asegurado que solo tiene "inquina a los que, bajo el manto de la Iglesia, se dedican a hacer negocio".
Precisamente, de tener "inquina a la Iglesia católica" le ha acusado el portavoz del PP, Eusebio Monzó, quien ha cuestionado si sus motivos eran lucrativos, polÃticos o personales, además de sostener que "no hay ninguna actuación administrativa que respalde esta decisión de gravar el IBI a la Iglesia sea cual sea la finalidad de la actividad".
Monzó ha instado a "analizar" los fines sociales de estas entidades que, "van más allá de cobrar el IBI a ciertas actividades", y ha ensalzado "cuántos miles de millones ahorra la Iglesia al Estado con los servicios gratuitos que presta", además de pedir "no saltarse" los acuerdos con la Santa Sede y de mecenazgo.
Además, ha incidido en que la equidad también deber ser para partidos polÃticos y ha indicado que el Partido Socialista "ha dejado de pagar 100.000 euros de plusvalÃa por la venta de su sede".
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha asegurado que su grupo está de acuerdo "en lÃneas generales" con la moción aunque cree que "determinar si hay un fin lucrativo no se determina con la actividad a simple vista" y ha calificado de "peligrosÃsimo" que se deje a criterios de los ayuntamientos la posible exención fiscal.
"Parece que quiere confrontar", le ha espetado a Ribó, a quien ha acusado de "meter en el mismo saco" a diferentes entidades, de carecer de "intención de buscar la equidad fiscal" y de presentar una moción "categórica y sectaria".
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El alcalde de València, Joan Ribó. EFE-Archivo
