Imagen del pleno de Valencia. -EPDAValencia está a escasos días de tener que devolver más de 100 millones de euros. Al menos eso es lo que se desprende después de que el pleno del Ayuntamiento de Valencia se volviera cerrar sin acuerdo sobre la implantación de una Zona de Baja Emisiones (ZBE) que limite la entrada de los vehículos más contaminantes al casco urbano de Valencia.
La situación es más grave de lo que parece ya que la instalación de estas zonas en las poblaciones de más de 50.000 habitantes es un mandato de la Unión Europea, organización que no dudará en recuperar su dinero sino también en aplicar sanciones por incumplimiento.
La crisis se abrió en octubre cuando Vox dio la espalda a la alcaldesa en esta cuestión. Los socios del gobierno del PP habían estado escuchando y negociando como debía ser el diseño de esta zona de exclusión de tráfico rodado, pero a la hora de votar la formación de Santiago Abascal dio la espalda a la alcaldesa Catalá que tuvo que buscar apoyos en los grupos de izquierdas, pero la oposición no se mostró entusiasmada con la ordenanza que había negociado la alcaldesa con Vox ya que la consideraba demasiado permisiva.
Y así llegamos al pleno celebrado este martes, sin ninguna posibilidad de negociar con Vox, ya que la formación de Absacal pide ahora directamente la no implantación de la ZBE, la alcaldesa trató de convencer a la oposición con una zona de exclusión más grande (que ahora incluiría el Marítimo y San Marcelino, llegando incluso a la V-30) y plazos medio año más rápidos a la hora de ir excluyendo distintivos medioambientales, pero no logró el acuerdo porque la oposición quiere vincular la ZBE a otros compromisos para la ciudad.
De esta manera el PSPV-PSOE ha presentado su propia alternativa a la zona de exclusión que además incluye el compromiso para desarrollar un nuevo corredor verde en la ciudad, mientras que Compromís exige que Catalá deje de apostar por revertir las medidas de pacificación del tráfico que puso en marcha Ribó durante su estancia en el ayuntamiento y piden hitos como el cierre del túnel de Pérez Galdós antes de final de año, nuevas zonas de aparcamiento para residentes o cambios en el tráfico de la calle Colón. Ambas formaciones, en cualquier caso, tienen sus propias propuestas sobre como debe ser la ZBE.
El tiempo se está terminando para la implantación, diciembre es un mes con demasiados festivos y los plazos para la publicación de la ordenanza en los boletines oficiales limitan aún más la ventana de oportunidad para aprobar la nueva norma. Pero la tensión es palpable en un ayuntamiento que ha aprobado unos presupuestos municipales para 2026 que pueden sufrir un déficit de más de cien millones antes de entrar en vigor.
