Imagen de la operación. -EPDALa Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a captar mujeres, tanto en su país de origen como en España, y a explotarlas con fines sexuales en un piso de citas ubicado en Gandía.
Durante la operación se han detenido 7 personas, 6 hombres y 1 mujer, y se han realizado 7 registros, cuatro en domicilios particulares, uno piso (casa de citas) donde se explotaba sexualmente a las mujeres y 2 talleres mecánicos.
La investigación policial se inició a raíz de la denuncia en el año 2024 de una mujer que manifestó haber sido víctima de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía.
A partir de esta información, y las múltiples pesquisas realizadas por los investigadores, se pudo determinar la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en un piso de Gandía. Posteriormente, los investigadores descubrieron que los miembros del entramado criminal pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en la misma localidad, hecho que no pudo llevarse a cabo gracias al operativo policial.
El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano (colombianas y venezolanas), tanto en España como en sus propios países. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad sin una alternativa real de mejorar su situación económica y personal.
Las víctimas, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en su país de origen por parte de sus compatriotas colombianos y colaboradores de la organización criminal, los cuales servían como enlace para esa primera captación para su posterior traslado y explotación sexual en España. Del mismo modo, los investigados también captaban a mujeres ya residentes en España ofreciéndoles "plaza" en el piso de citas donde, posteriormente, ejercerían la prostitución.
Los investigados de origen colombiano, una pareja que además se encargaba de realizar funciones de control en el piso de prostitución, eran los encargados de la captación de las mujeres desde país de origen, siendo estos quienes entablaban un primer contacto con la víctima, para posteriormente ser el principal responsable de la organización el encargado de contactar con la mujer a través de video llamada para cerciorarse de que cumplía ciertos requisitos para el ejercicio de la prostitución.
Además, durante la captación, el investigado les prometía que ganarían altas cantidades de dinero a través del ejercicio de la prostitución en España, sin llegar a concretar las condiciones reales a las que posteriormente serían sometidas. Las mujeres aceptaban dicha oferta con la esperanza de mejorar su situación económica en su país de origen, debido a que en su mayoría provenían de países subdesarrollados, sin una alternativa real de mejorar su situación económica y personal, si bien, a su llegada a España estas condiciones distaban mucho de la realidad, pues eran sometidas al ejercicio de la prostitución en condiciones de explotación, recibiendo un bajo porcentaje de todos los beneficios generados.
Una vez que las víctimas aceptaban dicha propuesta, la Organización Criminal se encargaba de la adquisición de los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta España, así como del resto de gastos necesarios para el cruce de fronteras, tales como reservas de hotel, seguro de viaje, facilitación de los medios económicos suficientes, etc. Antes de viajar a España, las víctimas recibían un aleccionamiento sobre cómo simular su entrada en España como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto.
A su llegada a España, las mujeres eran recibidas por el líder de la organización o por una pareja colombiana y eran trasladadas hasta el piso de prostitución ubicado en Gandía donde ejercerían la prostitución.
Las víctimas, desde el mismo día en el que llegaban al piso de prostitución, eran obligadas a trabajar las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos. No podían negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales. Así mismo, si acudía un cliente al piso de prostitución, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni a ningún cliente. Las víctimas debían hacerse fotografías para que los integrantes del entramado publicitaran sus servicios en diferentes páginas de contenido sexual.
En el supuesto de que un cliente solicitara los servicios sexuales fuera de la casa de citas, era uno de los investigados el responsable de desplazar a la mujer hasta el lugar concretado y, una vez finalizado el tiempo pactado por el cliente, era devuelta al piso prostíbulo para continuar ejerciendo la prostitución allí. De esta forma, la organización controlaba no solo los servicios prestados por las mujeres y la recaudación de sus beneficios, sino también cualquier desplazamiento que las mujeres realizaban fuera del piso de prostitución.
Durante su explotación, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si éstos lo solicitaban, a pesar de que muchas de ellas no habían consumido dichas sustancias previamente, todo ello con el objetivo de estar más activas y aguantar durante más tiempo, además de complacer al cliente y obtener de este modo mayores beneficios para la organización. Así mismo, los investigados también ofertaban entre los clientes que así lo solicitaran potenciadores sexuales, tipo sildonafil o viagra, todo ello con el fin de obtener mayores beneficios para la organización criminal.
En la organización había varios niveles. En uno de ellos, sus integrantes estaban dedicados a la captación de mujeres (principalmente colombianas) para su posterior acogida y traslado a un piso ubicado en el citado municipio. En el siguiente nivel, otros se dedicaban a ejercer las labores de traslado de las mujeres a los servicios sexuales, mientras que, en el último, los integrantes proveían a los clientes de la casa de citas de sustancias estupefacientes. Todo se realizaba con el control del principal sospechoso, que establecía un férreo control de las mujeres explotadas sexualmente.
Se obtuvieron indicios que apuntaban a que la Organización Criminal podría estar cometiendo un presunto delito de Blanqueo de Capitales según el resultado de las observaciones telefónicas y el análisis de las cuentas bancarias titularidad de los investigados.
En concreto, la Organización Criminal estaría realizando transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas, y derivando el dinero obtenido de la actividad a ilícita a otros países como Bulgaria, donde estarían adquiriendo bienes muebles e inmuebles. De igual forma, los integrantes de la Organización Criminal figuraban en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos, destinados también a blanquear los beneficios obtenidos de la actividad de la prostitución.
Durante la investigación se pudo conocer que los miembros del entramado pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en Gandía, hecho que no llegó a producirse gracias al operativo policial.
Fruto de la operación han sido detenidos 6 hombres de entre 35 y 54 años y nacionalidades búlgara y rumana, y una mujer de 20 años y de nacionalidad colombiana. Se les atribuyen los siguientes delitos: organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.
De los 7 registros practicados se ha aprehendido: 15.870 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles, una cámara de video vigilancia, una micro sd, libretas de anotaciones y documentación incriminatoria relativa a los delitos investigados, billetes de renfe, 2 relojes, billetes de moneda colombianos, venezolanos y búlgaros, un ordenador portátil, 11 coches, así como diversas sustancias estupefacientes (32 gramos de cocaína y 15 monodosis de tusi). Además, 250 pastillas de sildenafil (viagra) y otras sustancias anabolizantes y material de inyección.
Durante la investigación se han podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales, 6 ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del EMUME de la Guardia Civil (Equipo Mujer Menor) junto con el Grupo I de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga, Policía Nacional.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandía.
