La plaza de la Virgen de Valencia a rebosar. FOTO EPDA
Un momento de la lectura del manifiesto. FOTO EPDA Más
de 5000 personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales,
voluntarios, sindicatos y diferentes plataformas sociales se han concentrado en
la puerta de las Cortes para reclamar una vez más que la Generalitat les pague
los millones que les adeuda desde principios de año y que está llevando a la
quiebra a todo el sector.
Tras
las caceroladas y los encierros de casi 40 centros de personas con discapacidad
intelectual de la
Comunidad Valenciana que se han ido desarrollando a lo largo de
los últimos meses, coordinados por la Mesa por la Discapacidad, hoy se
ha celebrado una concentración multitudinaria en la que se ha entregado al
Presidente de las Cortes y todos los Grupos parlamentarios una carta explicando
la situación por la que están pasando los centros y servicios de atención a
personas con discapacidad intelectual y reclamando que se tomen medidas
inmediatas para subsanarla. Tras ello, los manifestantes se han trasladado a la
plaza de la
Virgen donde han celebrado una Asamblea Ciudadana en la que han
expresado su malestar, su situación, en la que se ha dado voz a todas las
personas que han querido, en la que han explicado a la ciudadanía el abandono
que sienten por parte de la
Generalitat y el retroceso que se está sufriendo en los
derechos conseguidos tras más de 40 años de trabajo.
La
actriz de la Alquería Blanca, Lola Moltó y el Cuentacuentos y actor,
Domingo Chinchilla, han acompañado al sector en este día leyendo el Manifiesto
que se ha preparado para la ocasión.
Sólo
de la
Consellería de Bienestar Social se debe a estas entidades más
de 15 millones de euros, que se suman a la deuda de las Consellerías de Empleo,
Educación y Sanidad, lo que ha llevado al colapso a muchas de ellas que no
pueden pagar a proveedores, ni las nóminas de sus trabajadores desde hace meses,
ni siquiera prestar los servicios que hasta el momento prestaban. Muchos padres
han tenido que hacer frente a cubrir gastos para que los centros no cierren,
pero la situación ya está atentando contra los derechos del colectivo y contra
su dignidad.
La
deuda que tiene contraída la
Generalitat Valenciana con el sector, unido a
los recortes del Gobierno y en la
Ley de promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación
de Dependencia, está poniendo en peligro los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, así como el desarrollo de una vida
digna.
Ante
esta situación, el sector exige:
-
El pago inmediato a todos
los centros y servicios del sector de la Discapacidad por parte
de todas las Consellerias que nos adeudan, Bienestar Social, Sanidad, Educación,
Empleo…
-
Un plan extraordinario por
parte de la Generalitat Valenciana para financiar a nuestras entidades, que con
calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica prestan y desarrollan
una función social.
-
El cumplimiento de los
compromisos adquiridos por la Generalitat, así como las leyes y órdenes que le
competen.
-
No podemos
rebajar los actuales estándares de calidad en la prestación de servicios,
traducidos en ratios de personal y módulos económicos, pues de lo contrarios no
sería posible cubrir las necesidades que las personas a la que atendemos
presentan, produciéndose no solo una falta de avance, sino un doloroso
retroceso, reflejo de la grave injusticia que supondría no garantizar estos
apoyos.
La
Mesa por la
Discapacidad está formada por FEAD (Federación Empresarial de
Entidades titulares de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad intelectual), COPAVA (Coordinadora de Centres Ocupacionals de
la Comunitat
Valenciana) y FEAPS CV (Federación de Asociaciones en favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de la Comunidad
Valenciana).
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