Chelo Poveda. /EPDA Hay servicios que
no hay manera humana de entender como se prestan de forma
privatizada, y uno de ellos, por fundamental en todos sus sentidos,
es la gestión del agua. Para entenderlo hay que señalar dos
aspectos que llevaron a los ayuntamientos a privatizar la gestión
del agua. Estos dos aspectos explican lo que ha sucedido, pero no nos
dan ni una sola razón de porqué este servicio privatizado es mejor.
En primer lugar,
las crisis capitalistas cíclicas y la exigua capacidad financiera de
los municipios han conducido a muchos ayuntamientos a la asfixia
económica. La privatización del agua supone un balón de oxígeno
para las cuentas municipales ya que pasan de cargar con los salarios
y los gastos del servicio (que al fin y al cabo pagamos todas) a
cobrar un canon a la empresa que gestiona el agua y así ingresan
dinero las haciendas públicas. La segunda razón es la ola
ideológica privatizadora que ha recorrido nuestro país desde hace
décadas en la que nos decían que privatizar era eficiente y la
mejor forma de prestar los servicios. Y he aquí que el agua que sale
de nuestros grifos va a ser de gestión privada hasta 2052 gracias al
Partido Popular.
Las consecuencias
que se derivan de la privatización de los servicios básicos son
lógicas y sencillas de entender. La empresa paga peores salarios que
el ayuntamiento (y con ello hace peor a la ciudad), la empresa sube
el precio del servicio porque busca rendimiento económico (y al
final el beneficio de unos pocos lo pagamos todas) y además,
normalmente, estas empresas invierten poco en mejoras y mantenimiento
para maximizar beneficios (con el consecuente deterioro paulatino de
la red que cuando acabe la concesión privatizada tendrá que
arreglar el ayuntamiento). Esta es la “lógica” capitalista en la
prestación de servicios públicos.
Frente a esta
(i)lógica privatizadora hay que confrontar otra lógica muy lógica.
El agua debe ser un servicio público prestado de forma pública
porque hablamos de un derecho humano y material básico. El agua
gestionada de forma pública es más barata, pero no solo eso, sino
que es también más sana porque el mantenimiento de la red es más
serio y porque las exigencias de control sanitario son mayores. Por
otro lado, solo desde la gestión pública se pueden afrontar los
retos que exige el combate del cambio climático. Y ya no solo eso,
que lo básico sea público es algo mucho más profundo, es un modelo
de ciudad que pone por delante el bienestar de la ciudadanía desde
lo más básico.
La política
municipal debe ser más valiente y buscar fórmulas, por complicadas
que parezcan, por muchas resistencias que podamos encontrar, para
retomar la gestión pública de aquello que PP y PSOE privatizaron.
Hemos demostrado que se puede hacer con los hospitales de la
Comunidad Valenciana, y aunque las dificultades serían diferentes,
¿por qué no intentarlo con los servicios del ayuntamiento de
Valencia?
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