Asociaciones vecinales de Valencia acusan al Ayuntamiento de "querer legalizar más de 4.000 viviendas turísticas"

La Federació d’Associacions Veïnals de Valencia (FAAVV) ha presentado este lunes sus alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el Ayuntamiento, con la que se permitiría la legalización de más de 4.000 viviendas residenciales que actualmente operan como alojamientos turísticos.

La presidenta de la FAAVV, María José Broseta, ha calificado la propuesta como una “renuncia” del consistorio a revertir uno de los principales factores que tensionan el mercado de la vivienda. “La vivienda de uso turístico y la vida residencial son incompatibles. No podemos permitir que este problema se institucionalice y siga creciendo”, ha declarado.

Hasta ahora, la normativa urbanística de Valencia consideraba que los apartamentos turísticos eran una actividad terciaria hotelera, incompatible con el uso residencial, algo que ha sido respaldado por varias sentencias judiciales. Sin embargo, el cambio promovido por el Gobierno municipal elimina esa incompatibilidad, abriendo la puerta a la legalización masiva de viviendas que, según la FAAVV, deberían volver a estar disponibles para alquileres de larga duración.

“Estamos hablando de más de 4.000 viviendas que duplican la oferta actual de arrendamientos en portales como Idealista”, ha señalado Broseta. “En lugar de perseguir el alojamiento ilegal, el Ayuntamiento pretende redefinir el concepto de ‘Terciario Hotelero’ y legalizar estas viviendas de un plumazo”.

La Federación vecinal considera que esta medida va en dirección opuesta a la adoptada recientemente por otras ciudades como Barcelona, que ha anunciado la caducidad de todas las licencias turísticas en viviendas residenciales para noviembre de 2028. “Aquí en Valencia, en lugar de reducir el problema, se legaliza y se generaliza”, ha denunciado Broseta.

La FAAVV teme que sus alegaciones no sean suficientes y ya advierte de posibles movilizaciones para frenar lo que consideran un ataque directo a la convivencia y al derecho a la vivienda. “Limitar la capacidad de alojamiento turístico en los barrios es necesario, pero no legalizando lo que ahora mismo devora la vivienda residencial”, ha concluido la presidenta.

La modificación del PGOU se encuentra actualmente en fase de alegaciones, aunque desde la Federación vecinal no descartan intensificar la presión social en las próximas semanas si el Ayuntamiento mantiene su plan.