Coche de la Guardia Civil. EFE/Mariscal/Archivo La Guardia Civil ha
detenido en Fuenlabrada (Madrid) a trece supuestos miembros de una banda que
blanqueaba más de tres millones de euros semanales con la importación de
mercancía procedente de China, que después distribuía y vendía en varios países
europeos.
Según ha informado la
Dirección General de la Guardia Civil, no descartan llevar a cabo más
detenciones a lo largo de las próximas horas y en estos momentos más de 200
agentes trabajan en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón,
Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid.
Asimismo, el instituto
armado ha señalado que el operativo, iniciado este lunes, continuará a lo largo
de esta semana, en la que se desarrollarán más diligencias tanto a nivel
nacional como internacional, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2
de Tarancón (Cuenca).
Además de la más de
una docena de arrestados por el momento, los agentes han investigado a otras
tres personas y han realizado 40 entradas y registros en domicilios y en las
sedes de las empresas investigadas.
A todos ellos se les
imputan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia
a organización criminal y falsedad documental.
La investigación de
la bautizada como operación Guanxi –por el término chino que define el sistema
de relaciones basadas en el interés y beneficio mutuos que sustentaba la
actividad de la banda–, se inició a finales de 2021 por parte de la Unidad
Central Operativa (UCO), en ese momento centrada en el esclarecimiento de
varios delitos relacionados con movimiento de fondos y blanqueo de capitales.
La complejidad,
especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados ha
prolongado las pesquisas durante más de dos años, en los que se ha destapado la
operativa de esta organización criminal que en España estaba asentada en el
polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada.
Estaba especializada
en la centralización, disposición, gestión y transporte de grandes cantidades
de dinero en efectivo, para lo cual se estructuraban en distintos grupos que,
aunque coordinados, actuaban con bastante autonomía y funciones claramente
diferenciadas.
Por un lado,
utilizaban un amplio entramado societario dedicado a la importación real de
mercancías procedentes de China para su posterior venta y distribución en varios
países de la Unión Europea.
En España, el núcleo
principal de mercantiles investigadas se ubica en el mencionado polígono, en
cuyos locales de venta al público supuestamente iniciaban el proceso de
generación de dinero en efectivo no declarado, tanto por la venta de la
mercancía que entraba en España de manera opaca para las autoridades fiscales
y aduaneras como por la venta de productos falsificados.
Otra rama de la banda
se encargaba de recoger el efectivo y custodiarlo en diferentes guarderías
hasta el momento de entregárselo a otros grupos cuya función principal era
sacarlo fuera de España. Entre estos últimos destacaban ciudadanos de origen
chino y ucraniano, aunque entre el resto de arrestados también hay españoles.
El dinero extraído era
blanqueado para obtener un beneficio para ellos mismos o entregado a terceras
personas u otras organizaciones criminales internacionales para financiar otras
actividades ilícitas.
En cualquiera de los
dos casos empleaban dos canales de extracción del efectivo, uno por vía
terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales, y otro
por vía aérea, con más de un millón de euros semanales.
A lo largo de la
investigación, el departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la
UCO ha conseguido intervenir cerca de 3,2 millones de euros en España y más de
dos millones en otros países.
Aparte del entramado
societario radicado en España, la banda empleaba sociedades radicadas en otros
países europeos, a los que importaban la mercancía desde terceros países
antes de su traslado a España. Asimismo, diferentes países han sido destino
de los fondos extraídos desde España, objeto del blanqueo, señala la Guardia
Civil.
Es por ello que en la
operación ha tenido un papel destacado el organismo Eurojust, que ha permitido
un intercambio ágil de información entre las autoridades fiscales y judiciales
de los países implicados.
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