Salón de plenos del ayuntamiento de Canet d"en Berenguer. / Foto: Ayto CanetEl Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer aprobó este jueves en pleno declarar personas “non gratas” al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y a la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, como muestra de reprobación por su actuación durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado año. La iniciativa, presentada por Compromís, contó con el apoyo de PSPV, Vecinos de la Playa e Izquierda Unida, y fue aprobada con nueve votos a favor y tres en contra (PP y Vox). La propuesta original pedía la dimisión de Mazón, aunque el presidente en funciones ya había dejado su cargo el pasado lunes tras la presión de los familiares de las víctimas.
El acuerdo plenario establece varios puntos clave. Entre ellos, se solicita la convocatoria de elecciones autonómicas y se declara a Mazón y Camarero como personas non gratas en el municipio, en señal de reprobación por la falta de sensibilidad hacia las víctimas y sus familias. Además, el Ayuntamiento insta a la Generalitat Valenciana a garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos y a revisar los protocolos de actuación y coordinación ante emergencias climatológicas graves, con el objetivo de mejorar la protección y la seguridad ciudadana. Por último, el acuerdo muestra el apoyo del consistorio a las personas y familias afectadas por la dana, así como a los profesionales de los servicios de emergencia que trabajaron con dedicación y valentía en aquellas circunstancias extremas.
Durante el pleno, el concejal de Compromís Alberto Valls defendió la propuesta señalando que, un año después, las consecuencias de aquella jornada continúan presentes, y que las heridas emocionales y sociales todavía no se han cerrado, especialmente para las familias de las víctimas, que siguen esperando gestos de proximidad y reconocimiento institucional. Valls añadió que, en su opinión, la responsabilidad de Mazón y Camarero tuvo consecuencias fatales: “Por culpa de Carlos Mazón y de la consejera Salomé Pradas murieron 229 personas. Por culpa de la consejera Susana Camarero se podrían haber evitado 50 muertes de personas mayores en residencias y pisos tutelados, con medidas simples como trasladarlas a pisos más altos. Más allá de la responsabilidad jurídica que determinen los tribunales, existe una responsabilidad política y moral que el Gobierno valenciano debe asumir con transparencia y respeto a las víctimas”, aseguró.
Por su parte, VOX presentó una enmienda en la que pedía ampliar las solicitudes de dimisión a miembros del Gobierno central, incluyendo al ministro de Interior, Fernando Marlaska; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a varios diputados que, según el partido, no suspendieron el pleno del 30 de octubre de 2024 cuando ya había 50 fallecidos, priorizando otros asuntos. La enmienda fue rechazada por todos los grupos, incluido el PP.
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