Canet responde a acusaciones de corrupción y denuncia una "campaña de desprestigio" hacia el equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha salido al paso de lo que considera una “campaña de desprestigio” promovida por la denominada Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere, a la que vincula directamente con el abogado José Ignacio Torres Alberich, en el trasfondo de un conflicto judicial entre antiguos socios de la Academia Valenciana de Juristas.

La cuestión centró un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno defendió su actuación frente a las acusaciones y explicó el origen de una situación que el alcalde, Pere Antoni, calificó de “insólita y rocambolesca”, tras varios meses de presión institucional y mediática.

Según expuso el consistorio, la estrategia de la plataforma pasa por inundar el registro municipal con solicitudes de información —89 instancias en los últimos seis meses—, muchas de ellas reiterativas o con ligeras variaciones, con el objetivo de "generar una imagen de opacidad". En total, estas peticiones han derivado en 17 expedientes de acceso a información pública, además de otros requerimientos previos relacionados con reclamaciones económicas.

El concejal socialista Eduardo Almor detalló que varias de estas solicitudes ya han sido respondidas o inadmitidas por “abuso de derecho”, dada la carga administrativa que suponen. “No es que no se conteste, es que la respuesta no satisface al solicitante”, afirmó, subrayando que algunas peticiones exigen tratamientos complejos como la anonimización de datos o se refieren a cuestiones ya resueltas judicialmente.

En el pleno también se dio cuenta de numerosos expedientes históricos y recientes vinculados al solicitante, incluyendo actuaciones iniciadas en representación de la Academia Valenciana de Juristas y otras a título personal. El volumen de documentación, según reconocieron miembros de la corporación, supera las 700 páginas.

Uno de los puntos clave de la sesión fue el rechazo a la revisión de oficio de dos expedientes municipales solicitada por la plataforma. La propuesta fue desestimada con el apoyo de todos los grupos de la oposición —Compromís, Esquerra Unida y Partido Popular—, mientras Vox optó por la abstención, respaldando así la actuación del equipo de gobierno.

Almor aprovechó su intervención para contextualizar el conflicto, recordando la relación previa entre Torres Alberich y el exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere, condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa. Según explicó, el abogado fue durante años defensor legal de Sancho, de su entorno familiar y de la propia Academia Valenciana de Juristas, además de ocupar cargos dentro de esta entidad.

El edil señaló que el origen del enfrentamiento entre ambos podría estar en el destino de los fondos gestionados por la academia, una cuestión que actualmente se dirime en los tribunales mediante querellas cruzadas. “Hay una disputa económica entre particulares en la que se pretende implicar al Ayuntamiento como herramienta de presión”, sostuvo.

Durante la sesión se recordó que el Ayuntamiento fue condenado en varias ocasiones a abonar un total de 118.467 euros a la Academia Valenciana de Juristas por sentencias judiciales firmes. Estos pagos, insistió el equipo de gobierno, se realizaron “por imperativo legal” tras agotar todas las vías de recurso, incluyendo el Tribunal Supremo.

En este contexto, el alcalde cuestionó que quien participó en esos procesos y percibió dichas cantidades “se presente ahora como adalid de la anticorrupción”. A su juicio, la actual ofensiva responde a intereses económicos y, en parte, políticos.

El consistorio también defendió su gestión frente a las insinuaciones de irregularidades. Desde 2019, el Ayuntamiento ha tramitado cerca de 57.000 expedientes, de los cuales solo 12 han sido objeto de denuncias ante la Agencia Valenciana Antifraude. De estos, la mayoría fueron archivados sin indicios de irregularidad y el resto se resolvieron con recomendaciones, no con sanciones.

Asimismo, se desmintieron informaciones publicadas en algunos medios sobre una supuesta investigación de la Fiscalía Provincial de Valencia, que la propia institución negó públicamente.

El alcalde lamentó el impacto de estas informaciones en la imagen del municipio: “En lugar de hablar de proyectos y avances, se está asociando Canet con corrupción o mafia sin base alguna”. En este sentido, el Ayuntamiento no descarta emprender acciones legales para defender su reputación.

Por su parte, la Plataforma de Afectados ha emitido un comunicado tras el pleno calificando la sesión de “bochornoso espectáculo de cinismo político”. Según la entidad, el alcalde Pere Antoni y el concejal Eduardo Almor dedicaron apenas diez minutos a los puntos del orden del día, centrando su intervención en "descalificar a denunciantes y medios de comunicación" en lugar de aclarar presuntas irregularidades. 

La plataforma denuncia un historial de 25 años de irregularidades, investigaciones judiciales en curso y un elevado gasto en personal municipal, al tiempo que señalan casos de supuestos enchufes, malversación de fondos y abuso de poder. Asimismo, exigen dimisiones inmediatas y critican lo que consideran “pantomimas” en la gestión municipal, reclamando que solo la justicia podrá esclarecer los hechos y restaurar la legitimidad del Ayuntamiento.