El exsecretario municipal de Canet d"en Berenguer, Sancho Sempere, condenado por delito continuado de prevaricación administrativa en 2022. / EPDALa Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer
ha aprobado remitir al Tribunal de Cuentas un acuerdo de por el que
la corporación solicita que se “depuren las responsabilidades que
correspondan” al exsecretario del consistorio José
Antonio Sancho Sempere.
Sancho Sempere fue condenado en 2022 como autor de un delito
continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 y 74
del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y
de los abusos en el derecho de su función de los artículos 439 y 74
del Código Penal. En total, la cantidad que se le reclama asciende a
151.735,52 euros.
Según
ha explicado el alcalde de Canet, Pere
Antoni,
“desde un primer momento, el equipo de gobierno se ha preocupado de
recuperar para las arcas municipales todo el dinero que fue utilizado
de manera ilegal para el lucro personal de algunos. Ya logramos en su
día un acuerdo para que los 32 millones que nos pedían por las
irregularidades en la adjudicación de un colegio y rebajamos la
factura a 2,2 millones. Ahora vamos a conseguir el dinero que
desapareció en la llamada ‘trama de la Academia Valenciana de
Juristas’. Nosotros
defendemos los derechos de los caneteros y las caneteras con hechos y
resultados”.
En
julio de 2022, el Juzgado de lo Penal n.º 18 de València dictó la
Sentencia 272/2022 , por la que se condenó a José Antonio Sancho
Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación
administrativa del artículo 404 y 74 del Código Penal en concurso
medial con un delito continuado de negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho
de su función de los artículos 439 y 74 del Código Penal. La
sentencia ya incluía la reserva expresa de acciones civiles o
administrativas ante el Tribunal de Cuentas, o entidad similar, para
hacer valer sus intereses.
Tal
y cómo refleja la sentencia, en 2000, Sempere Sancho constituyó la
Asociación Valenciana de Juristas como asociación sin ánimo de
lucro. Sin embargo, el exsecretario del ayuntamiento de Canet
aprovechó la institución para canalizar sus actividades privadas.
Para ocultar sus intenciones y el carácter instrumental de la AVJ,
puso al frente a tres profesionales a los que no utilizó para llevar
a cabo su plan de enriquecerse a nivel personal, sin informarles de
sus verdaderas intenciones.
Contratos
amañados
En 2007, siendo alcaldesa Amparo Maño, consiguió que la AVJ asumiera algunos de los pleitos de la institución pública y se constituyó en el interlocutor entre la AVJ y la Corporación, decidiendo los pleitos que debían derivarse a dicha asociación profesional, fijando las minutas correspondientes y manteniendo como forma de contratación pública la sucesión de contratos menores por una cuantía que sobrepasaba el límite legalmente establecido. Así a lo largo de un lustro, en tre 2007 2011, facturó al consistorio canetero un total de 151.735,52 euros (23.316 euros en 2007; 37.421,60 euro, en 2008; 35.943,30 euros en 2009; 39.903,42 euros en 2010 y 15.151,20 euros en 2011).
En
2011, con la llegada de un nuevo alcalde (Leandro
Benito),
Sancho dio instrucciones para la convocatoria de un concurso público
para la licitación del servicio de defensa y asistencia jurídica
que, por decreto de la alcaldía (y mediante procedimiento negociado
y sin publicidad), contaba con un presupuesto máximo de 60.000 euros
(más 18%) de IVA. Para asegurarse la
adjudicación del contrato de asistencia jurídica, limitando la
concurrencia de otros profesionales, Jose Antonio Sancho decidió
enviar las invitaciones a dos asociaciones gestionadas por él (la
AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP), y un
despacho de abogados ajeno al mismo. Solo concurrió la AVJ y ofreció
57.600 euros más el IVA y se hizo con el contrato. Desde
mayo de 2011 hasta mayo de 2013, AVJ emitió las correspondientes
facturas ajustando las minutas al precio del contrato firmado.
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