Catarroja, Benetússer y Paiporta se felicitan por la adopción por parte de la Generalitat de una de sus propuestas al CECOPI

Las alcaldesas Lorena Silvent (Catarroja), Maribel Albalat (Paiporta) y Eva Sanz (Benetússer) han celebrado el anuncio de la Generalitat sobre la puesta en marcha de un plan para la revisión de edificios afectados por la riada, una propuesta que ellas mismas trasladaron en enero al Centro de Coordinación Operativa Integral (CECOPI).

Las tres alcaldesas han expresado su satisfacción por la adopción de una de sus propuestas por parte de la Generalitat Valenciana. El pasado sábado, el Consell hizo público el lanzamiento de un plan para evaluar las estructuras de los edificios afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

En la reunión del 21 de enero, en la que participaron los ayuntamientos afectados, los tres municipios trasladaron al órgano de emergencia la necesidad de diseñar un plan para revisar los daños estructurales en los edificios afectados. Según explicaron las alcaldesas, esta medida era urgente tras los informes técnicos municipales, que alertaban sobre la posible aparición de problemas estructurales en numerosos edificios, muchos de los cuales han tenido agua estancada en sus garajes durante meses.

"Agradecemos el plan de revisiones anunciado. Esta iniciativa demuestra por qué era importante que los ayuntamientos pudiéramos participar en el CECOPI y trasladar nuestras necesidades al órgano de toma de decisiones. La insistencia en nuestras reivindicaciones ha dado resultado", han explicado las tres mandatarias.

Además, han añadido que es "muy difícil" conocer con precisión las necesidades y opiniones de las personas afectadas sin "pisar el terreno", como hacen diariamente los ayuntamientos.

A pesar de este avance, las tres alcaldesas han recordado que aún quedan dos propuestas pendientes. La primera se centra en la búsqueda de una solución para agilizar la reparación de ascensores en las comunidades de propietarios afectadas.

"Todos los días escuchamos testimonios de personas con familiares mayores o con movilidad reducida que llevan meses encerrados en casa por culpa de esta problemática. Un país como España, en pleno siglo XXI, debería ser capaz de ofrecer una solución a este problema con mayor rapidez. En muchos casos, hablamos de empresas multinacionales con suficiente músculo financiero como para hacer un esfuerzo y atajar la situación", han señalado.

La segunda de las peticiones que Albalat, Silvent y Sanz han trasladado al CECOPI desde enero, sin obtener respuesta positiva, es la creación de un protocolo de actuación municipal para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

Aunque reconocen como un avance las recomendaciones emitidas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 durante la alerta meteorológica de la semana pasada, las alcaldesas insisten en la necesidad de establecer un protocolo común que unifique las decisiones municipales, especialmente en medidas como el cierre de instalaciones deportivas o centros educativos.

"Los expertos en emergencias son quienes deben indicarnos a los ayuntamientos qué debemos hacer en cada caso, para que todos los municipios adopten las mismas decisiones y no se genere confusión entre la ciudadanía si un municipio toma una medida y otro no", concluyen.