Cinco detenidos de una organización criminal dedicada a empadronar ilegalmente a ciudadanos extranjeros en Gandia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Gandia una organización criminal dedicada a obtener datos personales y falsificar documentación para empadronar de forma masiva a personas extranjeras en el municipio, a cambio de contraprestaciones económicas. En la operación han sido detenidas cinco personas, tres hombres y dos mujeres de entre 28 y 47 años, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Gandia, comenzó en julio, tras varias denuncias de vecinos que manifestaron tener empadronadas en sus viviendas a personas extranjeras sin su consentimiento.

Tras solicitar información al padrón municipal, los investigadores confirmaron la existencia de un grupo organizado asentado en la localidad, dedicado a falsificar documentos y tramitar empadronamientos fraudulentos con fines lucrativos.

A lo largo de las pesquisas, los agentes identificaron a 15 víctimas, todas ellas propietarias de viviendas que desconocían que en sus domicilios figuraban empadronados ciudadanos extranjeros, en algunos casos más de diez. La investigación constató un total de 127 empadronamientos irregulares.

La organización estaría formada por al menos ocho personas, con roles diferenciados y una estructura estable. Según la Policía Nacional, actuaron de forma continuada entre abril de 2023 y agosto de 2025.

El grupo mostraba un alto nivel de especialización: combinaba la obtención de datos personales con la elaboración de contratos de alquiler falsos, incluyendo referencias catastrales, para presentarlos ante el padrón municipal.

Los investigados obtenían los datos de personas de edad avanzada a través del robo de correspondencia, en ocasiones forzando los buzones. Con esa información confeccionaban contratos de arrendamiento falsificados que posteriormente utilizaban para registrar empadronamientos fraudulentos de extranjeros en situación administrativa vulnerable. Estos empadronamientos les permitían después tramitar certificados para consolidar derechos de residencia, obtener tarjetas sanitarias u otros beneficios.

Por cada empadronamiento cobraban entre 200 y 1.000 euros, siempre en efectivo y sin recibos, para evitar controles. La Policía estima que pudieron obtener más de 50.000 euros en beneficios, además de unos 3.000 euros adicionales en alquileres falsos.

Los detenidos fueron puestos en libertad tras declarar, con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.