Compromís per Picanya advierte de que las licencias de obra tienen menos exigencias por riesgo de inundación que antes de la dana

Una de las calles afectadas por la riada. EPDA

Compromís per Picanya advierte de que el Ayuntamiento concede licencias de obra tras la dana "con menos exigencias por riesgo de inundación que en años anteriores".

La formación exige que las administraciones superiores impongan un criterio urbanístico basado en dar prioridad a la seguridad de las personas por encima de otros intereses y recuerda que este mismo enfoque ya ha sido respaldado por la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica en la calle Almassereta y su entorno, donde se han impuesto restricciones urbanísticas precisamente por motivos de seguridad frente a inundaciones.

Desde Compromís consideran que este precedente demuestra que cuando existe voluntad institucional, el principio de precaución puede y debe prevalecer, y que la planificación urbana en zonas con riesgo acreditado no puede quedar supeditada a dinámicas de expansión inmobiliaria o a intereses económicos, sino a la protección efectiva de la ciudadanía.

Análisis de licencias

El análisis de las licencias de obra nueva para viviendas unifamiliares concedidas en Picanya en los últimos años pone de relieve un cambio claro en el criterio municipal aplicado al riesgo de inundación en un entorno de crecimiento urbano desarrollado desde la etapa del boom inmobiliario, señalan desde la formación. 

Se trata de una zona caracterizada mayoritariamente por edificaciones unifamiliares, muchas de ellas con garaje y piscina, situada en las inmediaciones del barranco del Poio, de la Avenida Manuel Sanchis Guarner y un sector por urbanizar en el barrio de Vistabella, que han concentrado buena parte de la expansión residencial del municipio en las últimas décadas.

La revisión de las actas oficiales de la Junta de Gobierno Local entre 2018 y 2025 muestra que, durante varios años, el Ayuntamiento reconocía expresamente la condición de “zona inundable” en las licencias de obra nueva para viviendas unifamiliares. 

Hasta marzo de 2023, las autorizaciones incluían de forma sistemática la exigencia de una declaración responsable de actuación en zona inundable, junto con la aplicación del artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el precepto específico para la gestión del riesgo de inundación.

Efectos jurídicos

Este reconocimiento tenía efectos jurídicos claros. Las licencias obligaban a los promotores a asumir expresamente el riesgo, imponían condiciones preventivas en los proyectos y, en numerosos casos, exigían que la condición de inmueble situado en zona inundable quedara reflejada en el Registro de la Propiedad antes de la primera ocupación. Este criterio aparece de forma literal en licencias concedidas en calles como Isabel de Villena, Huit de Març, Blasco Ibáñez o alquería Florentina o en el entorno directo de la Avenida Manuel Sanchis Guarner.

A partir de marzo de 2023 el enfoque cambia. En las licencias de obra nueva desaparece cualquier referencia expresa a la inundabilidad de los terrenos y el Ayuntamiento deja de exigir la declaración responsable por riesgo de inundación. Desde ese momento, las condiciones de las licencias pasan a basarse únicamente en el artículo 6 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, relativo a la zona de policía del cauce, un régimen de carácter administrativo que protege el dominio público hidráulico pero no evalúa ni gestiona el riesgo de inundación, ni exige advertencias específicas a los futuros propietarios.

Según explica Guillem Gil, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Picanya, este cambio tiene efectos muy visibles en el propio vecindario. “Hay vecinos puerta con puerta, en zonas como la de la Primavera o l’Hort de les Palmes, que han tenido un tratamiento urbanístico completamente distinto en lo que respecta a la inundabilidad, pese a encontrarse en el mismo entorno”, señala.

La consolidación del nuevo criterio

La consecuencia práctica de este giro es que un suelo que hasta 2023 era considerado inundable en las licencias de obra nueva deja de serlo a efectos administrativos, pese a que el territorio es el mismo y la exposición real al riesgo se ha revelado claramente mayor tras la dana del 29 de octubre de 2024. 

Los datos técnicos recogidos por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) tras la dana del 29 de octubre de 2024 aportan una evidencia clara del riesgo real existente en esta zona de Picanya. Según las mediciones realizadas en calles como Huit de Març, el entorno de la avenida Manuel Sanchis Guarner y áreas próximas, el nivel del agua llegó a superar los dos metros de altura en varios edificios, con calados registrados de hasta 2,5 metros. 

Pese a esta realidad reciente, medida y documentada técnicamente, las licencias de obra nueva concedidas posteriormente en este mismo ámbito urbano no incorporan ningún reconocimiento explícito de la inundabilidad ni refuerzan los criterios de prevención, manteniendo un enfoque administrativo idéntico al anterior a la dana.

Lejos de revertirse, el nuevo enfoque se consolida en 2025. Todas las licencias de obra nueva concedidas en este mismo ámbito urbano ese año se tramitan sin referencia alguna a la inundabilidad ni exigencia de declaración responsable. “Durante años se aplicó un enfoque más sensato y preventivo, reconociendo explícitamente el riesgo. Ese criterio se ha dejado atrás y ahora se opta por una posición mucho más permisiva en lo que se refiere a la inundabilidad”, afirma Gil.

“No nos cabe duda de que se trata de una decisión política orientada a no poner trabas a una zona de expansión inmobiliaria donde desde hace años existen importantes intereses económicos”, sostiene el portavoz de Compromís.

En este sentido, Gil apunta también a una lógica comercial. “A ninguna gran promotora le resulta atractivo comercializar parcelas o viviendas —que además no son precisamente económicas— haciendo visible un riesgo evidente de inundabilidad”, añade.