Compromís per Picanya critica la eliminación de la bonificación a los vehículos híbridos y eléctricos

El pleno del Ayuntamiento de Picanya aprobó el jueves, con los votos del PSOE y Vox, la abstención del PP y el voto en contra de Compromís, la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) que elimina la bonificación del 50% que hasta ahora beneficiaba a los vehículos híbridos y eléctricos, así como la aplicada a los vehículos antiguos o históricos de más de 25 años.

Para la formación valencianista, la propuesta socialista es "incoherente desde el punto de vista ambiental, llega en el peor momento para las familias afectadas por la dana y responde a un interés puramente recaudatorio, sin aportar datos, informes ni criterios técnicos que la justifiquen".

Desde Compromís se denuncia que la propuesta es contradictoria con el propio discurso del gobierno municipal. Mientras se argumenta que hay que retirar bonificaciones a los vehículos antiguos para fomentar la adquisición de vehículos menos contaminantes, se elimina al mismo tiempo la bonificación destinada precisamente a los vehículos que menos contaminan, como los híbridos y eléctricos. 

Esta incoherencia se agrava por el contexto actual, ya que tras la dana, muchas familias no han adquirido un vehículo nuevo menos contaminante y más eficiente por solamente iniciativa propia, sino porque no han tenido otra opción después de que sus coches quedaran siniestro total o irreparables. 

Con la nueva ordenanza, estas familias deberán pagar exactamente el mismo IVTM que un vehículo viejo de combustión, algo que Compromís califica de "injusto, insensible y regresivo" en términos ambientales.

También subrayan que el Ayuntamiento no ha aportado ninguna información que permita justificar la eliminación de la bonificación. No se han facilitado datos sobre cuántos vehículos híbridos o eléctricos existen actualmente en el municipio, ni cuántas personas se estaban beneficiando de la reducción, ni ningún indicador de calidad del aire o de evolución de la contaminación. 

Tampoco se ha aportado ninguna evaluación sobre cómo afectará esta decisión a la renovación del parque móvil. Para Compromís, "la ausencia total de datos confirma que el único objetivo real de la medida es recaudar más y con el tiempo justo para que la ordenanza se aplique a 1 de enero de 2026, cuando devenga este impuesto".

Asimismo, su portavoz, Guillem Gil, pone en duda que esta "subida encubierta de impuestos" sea realmente necesaria con las subvenciones millonarias que está recibiendo el ayuntamiento para la reconstrucción. 

Recuerda que el equipo de gobierno ha cedido un solar público para la implantación de un centro privado de Formación Profesional en el barrio de Vistabella y destinará un millón de euros de recursos municipales a este proyecto, mientras inversiones prioritarias como la renovación de las aulas de infantil del CEIP Ausiàs March o en la recogida y limpieza de residuos, continúan pendientes. Por ello, Compromís considera que antes de aumentar la carga fiscal sobre las familias debería revisarse el orden de prioridades del gobierno local.

La medida, además, se enmarca en una política fiscal que Compromís considera poco social desde la dana. El Ayuntamiento ha mantenido la tasa municipal por licencia de obras y la tasa por contenedores de obra por unas reparaciones que los vecinos no han tenido más remedio que hacer. 

Así mismo, se sigue cobrando la tasa de vados pese a que muchos garajes han permanecido inutilizados durante meses y la tasa de terrazas, incluso en casos donde los establecimientos no han podido utilizarlas durante largo tiempo. 

En contraste, una de las mayores empresas del municipio, la residencia privada Solimar, ha recibido una bonificación del 75 % del IBI este año y el próximo. Para Compromís, esta situación refleja una política fiscal profundamente injusta que sobrecarga a las familias mientras se conceden beneficios a grandes empresas.

Además, durante el debate plenario, Gil recordó que en el pleno de julio, todos los grupos políticos a propuesta de la alcaldía coincidieron en que no es el momento de hacer pagar más al vecindario, hasta el punto de apoyar la necesidad de pedir una moratoria en la aplicación de la nueva tasa de residuos para 2026. 

Para Compromís, resulta contradictorio que se reconozca públicamente que las familias no pueden asumir más cargas mientras se aprueba simultáneamente la retirada de bonificaciones.

Dudas jurídicas por las prisas 

Finalmente, Compromís señala que la propuesta se ha aprobado sin el preceptivo informe económico-financiero, obligatorio según el artículo 7.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dado que la medida afecta a los ingresos municipales. La ausencia de este informe implica una falta de motivación suficiente, genera inseguridad jurídica y vulnera los principios básicos de transparencia que deben regir cualquier modificación fiscal.

Compromís considera que la decisión aprobada es "injusta, incoherente y carente de base técnica", y reclama que el Ayuntamiento rehaga la propuesta aportando datos reales sobre el parque móvil y la calidad del aire, el informe económico obligatorio y criterios sociales y ambientales claros que permitan diseñar una política fiscal verdaderamente justa, progresiva y coherente con las necesidades del municipio.