La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Vila-real (Castellón) Juan José Rubert Nebot (PP) por delito continuado de prevaricación administrativa.
Rubert adjudicó dos obras sin seguir procedimiento alguno de contratación y licitación pública, y con troceamiento de facturas para no superar los 30.000 euros, según recoge la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ratifica 7 años de inhabilitación especial al concejal delegado Ramón Tomás Céspedes por un delito de prevaricación administrativa, y absuelve al tercer condenado en la misma causa, el empresario Antonio P.D., consejero de la firma Piaf, que había sido condenado como cooperador necesario.
La absolución se fundamenta en la "absoluta falta de mención en los hechos probados de cuál fue su grado de participación en los hechos como representante de la empresa".
Respecto a Rubert Nebot, que era alcalde de la localidad en el momento de los hechos, se rechaza su recurso y se destaca que su función era la de garante, por lo que tenía obligación de actuar y no lo hizo cuando sabía lo que estaba pasando troceándose facturas para no ir a la licitación pública de contratos y adjudicándolos directamente a la misma empresa.
Este caso tiene su origen en 2011, cuando poco después de cambiar la alcaldía del PP al PSPV el nuevo equipo de Gobierno denunció el hallazgo de facturas de la citada mercantil -investigada en la rama valenciana de Gürtel- por 600.000 euros que al parecer no se correspondían con trabajo alguno.
Los procesados fueron absueltos de los delitos de malversación y falsedad, de los que también fueron acusados.