Fernando de Rosa, senador del PP. EPDA
Estamos acabando el mes de mayo, y avanzamos
en el proceso de desescalada. Poco a poco, las distintas Comunidades Autónomas
van pasando por las diferentes fases. Parece que el Covid-19 nos da una tregua,
eso sí, nunca sin bajar la guardia, pues siempre está la posibilidad y el temor
de que el virus pueda volver en otoño. Debemos ser conscientes que nuestro
sistema sanitario ha resistido este tsunami gracias a los héroes sanitarios,
pero no podemos dejar de trabajar para reforzar el sistema y dotar de los
mejores medios a nuestros profesionales, así como evitar que tengan sueldos
precarios que no se corresponden con el riesgo que asumen para defender nuestra
salud.
Ahora bien, lo que no está funcionando con
normalidad es la sociedad. Es decir, desde un punto de vista sanitario dejamos
atrás las dificultades, pero desde un punto de vista social, nos encontramos
con que esta crisis del Covid-19 ha golpeado duramente a las familias y a las
empresas, a diferentes sectores básicos de la economía y ya se está
manifestando una crisis social muy grave.
La sociedad española en general y en concreto,
gran parte de la sociedad civil valenciana, están viviendo verdaderos dramas.
Los datos de empleo cada vez son más preocupantes. En la Comunitat Valenciana
ya llevamos más de 408.184 personas inscritas en un ERTE, de los cuales, hay
muchísimos que aún no han cobrado nada, con lo que supone de merma en los
ingresos de las familias. Por desgracia cada vez son más los valencianos que
están dependiendo de los servicios sociales y de asociaciones no
gubernamentales para poder comer diariamente.
Como se ha ido denunciando por muchos sectores
de la sociedad civil valenciana, las Administraciones gobernadas por los
socialistas, podemitas y Compromís, son claramente insensibles. En este
sentido, por ejemplo, la partida del Ayuntamiento de Valencia para ayudar a
autónomos y pequeñas empresas, apenas ha llegado a 1.100 beneficiarios con un
presupuesto de 3,7 millones de euros. El colectivo de autónomos y pymes tenían
razón sobre la escasez de ayudas. Ahora las autoridades municipales nos quieren
convencer diciendo que con la segunda partida de ayudas de 1.5 millones de
euros, alcanzarán un total de 3000 beneficiarios. Son miles los que se quedan
fuera, y el Ayuntamiento, con tan pequeñas cantidades, se limita a hacer
operaciones de lavado de cara.
Pero todavía hay más. Con estas cifras tan
desgarradoras de afectados, de personas y familias viviendo verdaderos dramas,
¿qué hacen nuestros gobernantes?. Simplemente, preocuparse por ellos. Hace poco
conocimos la contratación por parte del Alcalde
Ribó, de un nuevo coordinador general, con un sueldo de 68.637 euros
anuales. También hemos conocido la afición del Gobierno municipal de recurrir a
la contratación llegando al límite del máximo de cantidad que permiten los
contratos a dedo. A mí me surge la
inquietud de si se está apoyando a los valencianos o a determinadas personas
que se están beneficiando de esos contratos.
Podemos
seguir sumando a todo esto, el gasto de la reforma de la plaza del
Ayuntamiento. El coste de las plantas de los famosos maceteros, nada más y nada
menos, asciende a 27.000 euros. Sumemos a ello el coste por mantenimiento
anual: 45.000 euros. Miles de euros malgastados para afear nuestra plaza más
emblemática. Ellos se escudan en sus declaraciones públicas en que todo es
cuestión de gustos. Sin embargo, varios expertos han puesto de manifiesto
varias carencias de la ejecución, del proyecto. Veremos si no tenemos que pagar
también cuando los tengan que retirar.
Ese virus de insensibilidad social, también
afecta al Gobierno autonómico. En los últimos meses se ha detectado un
incremento en gastos para reformas. No
entiendo cómo estos llamados progresistas que nos gobiernan, siguen alardeando
de que no son casta y cada vez más les gusta la moqueta y los despachos
lujosos. El año pasado, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
que ocupa el señor Vicepresidente Segundo del Consell, gastó 42.000 en la
compra de mobiliario. Este año, en plena crisis del coronavirus, con los plazos
administrativos detenidos, se ha licitado un contrato de 78.000 euros para más
mobiliario. Mientras tanto, Caritas ha detectado a más de 1800 familias con
graves carencias vitales.
Nuestros gobernantes siguen de espaldas a la
realidad. Estos gobernantes deberían estar con los pies en la tierra y ver la
grave crisis que está golpeando a miles de ciudadanos, centrándose en ayudar a
todos los que realmente se están quedando atrás, y poner de verdad en marcha
las ayudas a los autónomos, trabajadores y empresarios, facilitando que puedan levantar las persianas de sus
negocios manteniendo los puestos de trabajo y podamos volver a la antigua normalidad.
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