Coche patrulla de la Policia Nacional en Valencia. / EPDAAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cinco personas, cuatro varones y una mujer de entre 46 y 71 años. Los presuntos autores de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional, son el notario donde se realizaban las compraventas, los dos abogados de la víctima, la cuidadora de esta última y el comprador de los inmuebles. Aprovecharon las circunstancias de vulnerabilidad de la afectada, quien padece de Alzheimer , estimando los beneficios obtenidos en torno a 785.000 euros. La mujer llegó incluso a ser hospitalizada durante varios días, encontrándole tóxicos en su cuerpo.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio de 2025, por parte de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa, a raíz de la denuncia recibida por parte de la familia de la perjudicada, la cual, manifestaba que cada vez le resultaba más difícil contactar con ella o mantener encuentros presenciales. Esto les empezó a generar inquietud y decidieron consultar la situación patrimonial de la víctima en el Registro de la Propiedad y comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles habían sido vendidos con el asesoramiento e intervención de dos letrados, que eran también abogados de la parte compradora.
Por este motivo, las ventas se realizaron por un valor muy inferior al que realmente tenían los bienes inmuebles en cuestión. Además, todas se llevaron a cabo ante el mismo notario, que era el encargado de dar legalidad al acto, e incluso en la venta del piso donde residía la afectada. Pese a transmitirse en régimen de nuda propiedad, se llegaron a establecer condiciones gravosas y desfavorables para ella, que contemplaban la posible pérdida del usufructo.
Las cinco personas implicadas
Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se pudo comprobar la presencia de todos los investigados en las operaciones, todas ellas en poco más de un año. Los abogados, realizaban un doble asesoramiento, favoreciendo al comprador y dejando totalmente desprotegida a la vendedora. Estos habían obtenido un poder de subsistencia que les facultaba a poder administrar todo el patrimonio de la víctima.
Posteriormente, pudieron averiguar que el notario se personó junto con el comprador al objeto de hacer gestiones para suprimir el usufructo de la afectada, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas encaminadas a demostrar que ella ya no vivía allí, cuando sí era su vivienda habitual.
Con las gestiones oportunas, los agentes constataron que la cuidadora, había sido incluida en el testamento. Esta era la persona que mayor influencia ejercía sobre la octogenaria y era la encargada de realizar las extracciones de dinero de la cuenta de la mujer.
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