El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio y el exvicealcalde Alfonso Grau La Guardia Civil ha detenido esta mañana al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde Alfonso Grau, según ha adelantado Valencia Plaza, "por un presunto cobro de mordidas durante la segunda operación policial del conocido como caso Azud". En este caso figura como principal investigado Jose María Corbín, el cuñado de la que exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Además, entre los arrestados también se encuentra el abogado y director jurídico de Divalterra, José Luis Vera, el empresario Jaume Febrer y otras diez personas de las que se desconoce su identidad.
Según apunta Valencia Plaza, todos ellos son considerados parte de una presunta trama urbanística de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público.
La operación Azud, desarrollada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de València durante la etapa de gobierno de Rita Barberá. Ya en la primera fase de la operación se saldó con la detención de Corbín, que ingresó en prisión en 2019, aunque posteriormente fue puesto en libertad. La causa continúa siendo secreta y entre los investigados, también se encuentra la mujer de Corbín y la hermana de Rita Barberá, Asunción Barberá, así como sus tres hijas.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha indicado a través de un comunicado que ya ha procedido al "cese inmediato" de Rafael Rubio como subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia. En el mismo comunicado, la Delegación del Gobierno aclara que respetará, "como no podía ser de otro modo", la actuación llevada a cabo por la Justicia.
El senador del Partido Popular por Valencia, Fernando de Rosa, registró una pregunta a la presidencia de la cámara en julio de 2020 preguntando por el nombramiento de Rafael Rubio, en un momento en el que ya estaba siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.
El 5 de noviembre de 2020, el diario de sesiones del Senado recogía este mismo tema, donde el senador le preguntaba al Secretario de Estado de Seguridad, Pérez Ruiz, por este nombramiento, y le respondía: "No comparto la valoración que usted realiza en cuanto a desligar el realizar una valoración del nombramiento respecto del procedimiento judicial", insistiendo en que "el Gobierno, como no podía ser de otra manera, respeta la actuación de los juzgados y tribunales", negándose a opinar sobre el nombramiento.
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