Un trabajador inmigrante amontona piezas de metal en un centro de reciclaje. EFE/ArchivoLa sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión a un abogado acusado de estafa y falsificación que, en connivencia con otros dos empresarios -condenados a un año cada uno- amañaron los contratos de más de 300 trabajadores extranjeros.
Mediante estas operaciones, que realizaban para que los trabajadores pudiesen alcanzar los días que necesitaban para cotizar o para obtener el permiso de residencia, los condenados defraudaron más de 225.000 euros.
Según la acusación presentada por el Ministerio público, el letrado cobraba a los trabajadores y les daba de alta y de baja en función de lo que necesitara cada persona, en empresas ficticias, en las que los otros dos acusados figuraban como titulares.
El fiscal explica que las cinco empresas de la trama llegaron a defraudar mediante el cobro de prestaciones indebidas más de 225.000 euros.
La acusación pública cita en su escrito el caso extremo de un empleado al que dieron de alta a las 6.35 horas de la mañana del 20 de febrero de 2010 y de baja a las 6.38 del mismo día, para pasar al día siguiente a cobrar el paro.
El fiscal reclamaba inicialmente para el abogado una pena de seis años de prisión y para los dos empresarios ficticios, penas de cinco y tres años de prisión, respectivamente, si bien todos ellos han admitido los hechos y se ha dictado una sentencia por conformidad que contempla penas de dos años para el letrado y uno para cada uno de los empresarios.
Una de las empresas llegó a disponer de tres códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social, uno correspondiente a una actividad de locutorio, otro de puestos de comida rápida (kebab) y otro de formación de personal de restauración.
Del total de 152 trabajadores que han figurado como dados de alta en esta empresa entre 2009 y 2011 sólo han prestado servicios de forma real un total de 10, según el escrito de acusación del fiscal.
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