Eduardo Almor niega que Canet d'En Berenguer sea Sicilia: ''Aquí no matamos a jueces''

Tensión y polémica en el pleno sobre corrupción en Canet d’en Berenguer

El pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de marzo de 2026 en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha dejado una escena marcada por la tensión, el enfrentamiento político y la creciente desconfianza ciudadana. Convocado para abordar diversas investigaciones judiciales por presunta corrupción que afectan al alcalde Pere Antoni Chordà, al vicealcalde Eduardo Almor Ruiz y a otros miembros de la corporación municipal, el debate derivó rápidamente en un clima de crispación.

Un pleno marcado por la confrontación

El vicealcalde Eduardo Almor se convirtió en uno de los principales protagonistas de la sesión. Durante su intervención, lanzó duras críticas contra los representantes de la Plataforma de Afectados por la Corrupción de José Antonio Sancho Sempere, colectivo que lleva meses denunciando falta de transparencia en la gestión municipal.

En un tono entre irónico y desafiante, Almor respondió a informaciones periodísticas que comparaban el municipio con “una pequeña Sicilia” -en referencia a un artículo publicado por el diario Las Provincias- con una frase que generó una fuerte reacción entre los asistentes: “Aquí no matamos a jueces”.

La declaración provocó murmullos de incredulidad en el salón de plenos y fue interpretada por muchos como una comparación desafortunada que, lejos de rebajar la tensión, contribuyó a incrementarla.

Desconfianza ciudadana y falta de respuestas

Más allá del episodio concreto, el pleno evidenció un deterioro profundo en la relación entre ciudadanía y representantes públicos. Quedó patente que el equipo de gobierno priorizó el enfrentamiento político sobre la transparencia, evitando dar explicaciones claras sobre las presuntas irregularidades en contrataciones, adjudicaciones y posibles tratos de favor.

El encuentro, calificado por algunos colectivos como “el pleno sobre la corrupción”, no logró despejar dudas, sino que intensificó el conflicto entre partidarios del alcalde y detractores de su gestión.

Acusaciones cruzadas

Según la versión difundida por el alcalde Pere Antoni en diversos medios, la Plataforma de Afectados estaría impulsando una campaña de desgaste contra su figura. Por el contrario, este movimiento ciudadano sostiene que la corrupción no solo persiste en el municipio, sino que se ha perpetuado ''con nuevos casos de gravedad comparable o superior a los del pasado''.

La Plataforma de Afectados considera que el pleno fue un “esperpento institucional”, en el que el uso de tecnicismos y códigos administrativos dificultó el escrutinio público de los asuntos bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y los tribunales. Asimismo, el alcalde arremetió contra miembros concretos de la Plataforma, acusándolos de obstaculizar el trabajo municipal mediante solicitudes constantes de información.

Una herencia de corrupción de más de 25 años

Con apenas 7.000 habitantes, Canet d’en Berenguer arrastra una larga historia de escándalos vinculados principalmente a la figura de José Antonio Sancho Sempere, considerado el artífice de la conocida “trama de las asesorías”. Este entramado habría desviado cientos de miles de euros de las arcas públicas mediante facturas falsas y contratos amañados, que no han sido recuperados. En estas investigaciones también se han visto implicados exalcaldes como Amparo Mañó, Octavio Herranz y Leandro Benito Antoni, así como varios concejales.

Los casos actuales bajo sospecha

Sin embargo, según la Plataforma, en los últimos años, la gestión del actual alcalde se ha visto rodeada de nuevas investigaciones por presunta corrupción:

* Contrato Egevasa

Adjudicado en 2004 sin concurrencia real y prorrogado en 2009, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo de 2025. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, pero mientras tanto permitió la ejecución de obras por valor de 121.581 euros.

La Plataforma denuncia ocultismo por parte del alcalde, señalando además que el Supremo ya ha rechazado recursos similares en otros municipios, lo que podría derivar en importantes perjuicios económicos para las arcas municipales.

* Ascenso de Rodríguez Jurado

Aprobado en 2022 pese a contradecir jurisprudencia del Supremo y advertencias de la AVAF. La Fiscalía ha abierto diligencias por posibles delitos de prevaricación contra el alcalde, el secretario municipal y el propio funcionario, en un caso que apunta a presunto nepotismo. El alcalde defiende que todo es legal.

* Caso Llueca

La esposa obtuvo en 2025 una plaza como funcionaria en un proceso en el que el propio alcalde participó, contraviniendo la obligación legal de abstención. La Fiscalía investiga posibles delitos de corrupción y nepotismo.

* Caso Sancho Sempere

Pese a la condena firme de 2022 contra el ex secretario municipal, el actual equipo de gobierno no habría impulsado medidas para restituir la legalidad ni profundizar en otras posibles responsabilidades, que siguen bajo investigación judicial.

* Caso del “semáforo rojo”

Investigado por la Agencia Valenciana Antifraude, ha generado malestar vecinal por las sanciones impuestas sin que, según los afectados, el Ayuntamiento haya actuado para solucionarlo.

* Relaciones del alcalde

Persisten dudas sobre la relación profesional previa entre el alcalde y José Antonio Sancho Sempere, quien habría ejercido como su abogado. El alcalde no ha aclarado los detalles, lo que alimenta sospechas.

El papel creciente de Eduardo Almor

El pleno también evidenció el peso político creciente del vicealcalde Eduardo Almor, considerado por la Plataforma como un “fiel escudero” del alcalde.

Según este colectivo, Almor actúa como portavoz de las decisiones del gobierno municipal, mientras mantiene un perfil discreto ante los escándalos. Al mismo tiempo, apuntan a posibles aspiraciones políticas internas para suceder al actual alcalde.

Un conflicto abierto a la espera de la Justicia

La situación en Canet d’en Berenguer continúa marcada por la polarización. Mientras el equipo de gobierno denuncia una campaña de desgaste, las plataformas ciudadanas exigen transparencia y responsabilidades.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la AVAF y los juzgados siguen en marcha y serán determinantes para esclarecer los hechos.

Entretanto, el pleno del 27 de marzo no ha servido para disipar las dudas, sino para reforzar la percepción de un municipio atrapado en un conflicto político e institucional que sigue lejos de resolverse.