El Ayuntamiento de Canet asegura que la sentencia que anula el contrato con Egevasa no tendrá consecuencias económicas para el consistorio

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha afirmado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el contrato con Egevasa no supondrá un impacto económico para las arcas municipales, desmintiendo así algunas interpretaciones publicadas en medios de comunicación. El consistorio sostiene que la resolución judicial no anula directamente el contrato ni implica un desembolso millonario, sino que se limita a iniciar una revisión de oficio del acuerdo suscrito en 2004 y prorrogado posteriormente. Según el Ayuntamiento, este matiz es clave, ya que desmonta la idea de que el municipio se enfrente a un “abismo económico” de más de cinco millones de euros.

De hecho, la administración local asegura que el único coste derivado del proceso judicial asciende a un máximo de 2.000 euros más IVA en concepto de costas procesales. Asimismo, recalca que no existe deuda alguna con Egevasa y que, en caso de que la revisión derivara en una eventual nulidad del contrato, no habría obligación de indemnizar a la empresa.

El documento también rechaza que se trate de una situación inédita, señalando que existen precedentes similares en la Comunitat Valenciana, donde otros contratos de gestión de agua han sido revisados o anulados en los últimos años.

Además, el Ayuntamiento niega que existan múltiples contratos adjudicados durante décadas, insistiendo en que se trata de un único acuerdo firmado en 2004 ''y renovado en 2029'' (sic). En este sentido, acusa a ciertas informaciones de generar una imagen distorsionada de la realidad financiera y administrativa del municipio.

Por último, el consistorio cuestiona valoraciones incluidas en el artículo original, especialmente aquellas que atribuyen a la sentencia juicios sobre la gestión política local, al considerar que se trata de opiniones y no de hechos informativos.

Con esta respuesta, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer busca aclarar el alcance real de la resolución judicial y tranquilizar a la ciudadanía respecto a sus posibles consecuencias económicas.